No obstante, en el mismo pronunciamiento condena al Estado a indemnizar con 2.000 euros a Santiago Arrospide ('Santi Potros'), primer demandante, y con 1.000 euros a Kepa Pikabea, Alberto Plazaola y Francisco Múgica Garmendia ('Pakito'), respectivamente, por no haber atendido debidamente los recursos judiciales que presentaron sobre este asunto.

Estos demandantes alegaban que España había incurrido en una vulneración del artículo 7 según el cual, no se puede imponer a un condenado una pena mayor a la contemplada en el Código Penal en el momento en que cometió su delito. Los etarras entendían que al haber entrado en vigor la trasposición de la normativa europea sobre acumulación de condenas con una ley aprobada en el año 2014 según la cual, no podrían beneficiarse de esta medida los sentenciados antes de 2010, se les estaba penalizando de forma retroactiva.