La Diputación Provincial de Soria aprobó conceder 25 nuevas ayudas de urgencia social a familias necesitadas, para las que destinará casi 18.000 euros. Es la quinta ocasión en este 2018 en la que el Departamento de Servicios Sociales otorga este tipo de subvenciones a familias de la provincia y en este caso se beneficiarán una veintena de menores, según la institución.

En lo que va de año, la Diputación concedió 83.000 euros para atender a un centenar de familias con recursos reducidos. La partida con más cuantía fue la destinada a sufragar el alquiler de vivienda con 6.500 euros y para gastos básicos con 3.500 euros. Por otros conceptos, para alimentos se concedieron 2.000 euros; para gastos básicos, 3.500 y para hipotecas, 3.000.

Entre los 18.000 euros totales que se aprobaron conceder, también figura una partida de 470 euros para cuidados esenciales y sufragar enseres básicos, que sumó 300 euros. Para las familias que se benefician de estas ayudas de urgencia social, también se dio el visto bueno a concederles 300 euros para el acondicionamiento del hogar y otros 1.300 euros para otras cuestiones.

La comisión de Servicios Sociales también concedió ayudas por un total de 450 euros para el apoyo alimentario de los menores que acuden al servicio de comedor escolar. Para la concesión de estas ayudas se tienen en cuenta los informes tanto de los asistentes sociales de las CEAS Diputación Provincial  en colaboración con la Dirección Provincial de Educación.

En 2017 la Diputación de Soria concedió un total de 136 ayudas de urgencia social por un importe total de 105.081 euros, mientras que en 2016 se atendieron 178 solicitudes con un montante de 15.000 euros

Estas ayudas de Urgencia Social van destinadas a personas físicas, mayores de edad o menores emancipados, de cualquier nacionalidad y en su caso, aquellos miembros de su unidad familiar o de convivencia que se hallen en situación de urgencia social.

En cuanto a los requisitos que deben cumplir los solicitantes de esta prestación, deberán estar domiciliados en algún municipio de la zona rural de la provincia al menos con seis meses de antigüedad previos al inicio del procedimiento de reconocimiento de la prestación y empadronados en el municipio donde aquellas se tramiten.