Empadronarse en una localidad con el único fin de votar en ella es ilegal. La Oficina del Censo Electoral del Instituto Nacional de Estadística trabaja desde el año 2006 para detectar los casos sospechosos de inflar los censos con fines partidistas a través de un programa que analiza la tendencia poblacional. En el momento en que el algoritmo detecta una variación extraña en el aumento de población del municipio, se abre un expediente y queda en manos de la oficina el ponerse en contacto con el alcalde de la localidad para que justifique esas inesperadas cifras. En caso de ofrecer una respuesta poco satisfactoria o no responder, se abre un plazo de 10 días para requerirle esta justificación, o incluso se puede abrir una inspección.

A falta de esta justificación, el caso se puede llegar a notificar a la Junta Electoral Central, como ha sucedido en un único caso de 10 expedientes analizados entre agosto y diciembre: una localidad de menos de 30 habitantes que ha registrado nueve empadronamientos en los últimos meses, lo que supone un aumento del 33% de su población. Raúl Grande, delegado provincial del INE, tiene claro que este caso cumple todas las características para tratarse de empadronamientos con fines partidistas, por lo que la Junta Electoral Central puede declarar impugnables sus listas electorales. Así, en caso de que alguien las impugne, el propio delegado provincial es el responsable de resolver el proceso, cuyas consecuencias entrañan el retorno de los empadronados ilícitos a su estado anterior al empadronamiento.

Se trata del primer caso que tiene lugar en Soria desde que se efectúa este control, aunque resulta habitual en provincias más pobladas.