El Congreso de los Diputados lanzó el pasado martes un claro mensaje al Gobierno de Pedro Sánchez que, pese a estar siempre en el aire, no se había evidenciado hasta ahora en el Hemiciclo: el Ejecutivo necesita la construcción de mayorías muy opuestas entre sí (solo comparten, realmente, el miedo a que un adelanto electoral dé la mayoría a las fuerzas de la derecha) para sacar adelante sus propuestas debido a su minoría parlamentaria. Una debilidad que se ha vislumbrado a tan solo unas semanas de que el Gabinete socialista se enfrente a su gran prueba de fuego, la aprobación de los Presupuestos, y que ha provocado los movimientos de la oposición, que quiere aprovecharse de la fragilidad del Ejecutivo, al que, incluso, han abandonado sus socios de la moción de censura con la que el PSOE logró desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa.
Precisamente, una de las fuerzas que se unió a los socialistas para hacer presidente a Pedro Sánchez, Podemos, lanzó ayer un serio aviso a Ferraz. «El Gobierno tiene que entender que hay que ser consecuente con las cosas que se pactan. Evidentemente, nosotros no apoyaremos los Presupuestos si no se cumplen todos los puntos del acuerdo sobre las Cuentas que se selló en octubre, incluidas las medidas para regular los precios de los alquileres», señaló la portavoz de los morados en la Cámara, Irene Montero.
Fuentes del propio Gabinete mostraron su malestar después de la votación sobre el real decreto ley sobre vivienda. A su juicio, la desunión de la izquierda ofrece «mala imagen», sobre todo, en comparación con la unidad que demuestra la derecha, como se ejemplifica en Andalucía con los pactos de PP con Cs y con Vox que han desalojado a Susana Díaz del Palacio de San Telmo.
Con urgencia. Ciudadanos, por su parte, ha lanzado una ofensiva de peticiones de comparecencias «con carácter de urgencia» de hasta cinco ministros ante lo que considera el «desgobierno» de Pedro Sánchez. Los naranjas quieren que José Luis Ábalos (Fomento) explique el conflicto del taxi; Fernando Grande Marlaska (Interior) detalle las cesión de presiones al País Vasco; Carmen Calvo (vicepresidenta) aclare el «modelo de familia» que el Gobierno pretende «imponer»; Meritxell Batet (Política territorial) esclarezca «si el Ejecutivo está dispuesto a vender España a plazos»; e Isabel Celáa (Educación) dé las explicaciones oportunas sobre la dejación de funciones en la que está incurriendo en «el adoctrinamiento» de las aulas en Cataluña y en Baleares.
A esta última petición se sumó también el PP que, incluso, fue un paso más allá que Ciudadanos, al registrar una proposición no de ley en la Cámara con la que pide al Gobierno que garantice el derecho a la enseñanza del castellano en el marco de la reforma educativa y adopte las medidas necesarias para «eliminar toda imposición de una lengua» en cualquier comunidad autónoma.