En plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado y con el voto favorable de los independentistas en el aire, el Gobierno de Pedro Sánchez parece que ha decidido no caer en la tentación de hacer gestos de cara a los secesionistas a cambio de su sí. Aunque en la jornada de la Fiesta Nacional, el pasado 12 de octubre, el líder del Ejecutivo restó importancia a la resolución aprobada la semana pasada por el Parlament en la que se reprobaba al Rey y se reclamaba el fin de la Monarquía, finalmente el Gabinete anunció ayer que acudirá al Tribunal Constitucional para defender a Felipe VI. Así lo anunció la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien recalcó que «una Cámara autonómica no puede intentar trazar la forma de Estado de este país». «Esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista jurídico, pero sí tiene que tener una respuesta política», explicó la número dos del Gabinete. 

En este contexto, subrayó que el Ejecutivo impugnará la resolución contra el Soberano igual que hizo el pasado mes de julio cuando el Parlament intentó, «sin ningún efecto, volver a recomponer las leyes que rompían la Constitución, el estatuto de autonomía y la unidad territorial de España».  Calvo se refería al recurso del Gobierno contra la moción en la que la Cámara catalana apostaba por lograr la desconexión de España, reafirmando la declaración de soberanía del 9 de noviembre del 2015. Ese fue el primer acuerdo del Hemiciclo regional que el equipo de Pedro Sánchez llevó ante el Tribunal de Garantías. «Es bueno dejar a la Jefatura del Estado al margen de la pugna política», apuntó por su parte, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, quien, a pesar de todo, apostó por seguir con la vía del diálogo.