En suceso acaecido hace unos días en Soria, cuando una menor fue mordida en su domicilio por el perro de la pareja sentimental de su madre (que no tenía los papeles en regla) ha puesto de nuevo el foco de la noticia en los animales potencialmente peligrosos y cómo se podrían evitar estos hechos. «Esclarecido» el caso a nivel policial, ahora corresponde avanzar en «la parte administrativa y judicial», para «ver si hay algún hecho constitutivo de delito o alguna infracción administrativa», apunta el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, quien aventura ya que, a la vista de los primeros datos, el propietario del animal tendrá consecuencias («al menos» en la vía Civil) ya que «no tenía actualizado el seguro obligatorio», «tampoco tenía licencia» ni estaba «inscrito» el can en el censo de animales peligrosos del Ayuntamiento (donde hay 45 perros), ni consta que disponga del informe psicológico que se exige a los titulares de este tipo de animales. El asunto está ya en manos de Fiscalía y del Juzgado de Guardia.
De momento, esta semana se ha tomado ya declaración al propietario del animal. Mientras, el can permanece en la perrera municipal en cuarentena, según confirmaron desde el Ayuntamiento de Soria. «Debe ser observado para ver que no desarrolle la rabia. Es bastante improbable porque la mayoría de los perros están vacunados y no hay rabia en España, pero debe estar en observación», apuntó el presidente del Colegio de Veterinarios de Soria, Rafael Laguens, sobre el tema sanitario. Sobre la parte social prefirió no entrar en detalle ya que, consideró, «eso exige una reflexión seria y es un tema delicado y complejo».
Sobre el futuro del animal, desde el Ayuntamiento miran a los «servicios veterinarios de Sanidad de la Junta» para «determinar qué se hace con el perro». Sin embargo, desde la Junta aseguran que no es su competencia ya que a Sanidad solo le compete tramitar el pertinente protocolo de rabia, que remite después a Agricultura y Ganadería y que se hará llegar al juez. Revisada la ley, todo parece indicar que serán los juzgados los que decidan el futuro del animal y si es sacrificado o no en base a los diferentes informes periciales que se presenten tras la investigación.
En base a todos estos datos se tramitará también «desde Servicios Locales [del Ayuntamiento] la denuncia administrativa contra las ordenanzas» municipales, que contemplan sanciones de hasta 15.025,30 euros. Durante 2018 la Policía Local puso 23 denuncias por pasear perros sin correa y una de perros peligrosos.