Después de la decisión de Competencia del pasado martes de impugnar las normas municipales sobre alquiler de pisos turísticos de Madrid, San Sebastián y Bilbao, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo anunció ayer que abordará esta regulación a partir de septiembre, cuando eche a andar el grupo de trabajo acordado con las Comunidades en la Conferencia Sectorial. En esa mesa de estudio también se dará voz a plataformas como Airbnb o HomeAway, con el objetivo de establecer unas líneas maestras generales que arrojen luz a la maraña normativa actual sobre viviendas de uso turístico. 

La titular de Turismo, Reyes Maroto, aseguró que ya se está revisando toda la legislación existente sobre este tipo de inmuebles, tanto de los decretos autonómicos como de las leyes que habría que cambiar para «tratar de encajar la definición de vivienda turística», lo que conllevará, además, algunos cambios en la normativa estatal sobre arrendamiento. 

«Nos hemos dado un margen este año en el que creo que podemos tener realmente perfilados cuáles van a ser los cambios y llevarlos al Parlamento para que puedan ser aprobados», afirmó Maroto.

La socialista subrayó que «las viviendas de uso vacacional han tenido un impacto importante en la subida de los precios del alquiler y el hecho de incorporarlas y estar coordinados nos va a dar una transversalidad en las iniciativas que hagamos que van a ayudar a regular mejor los pisos turísticos». 

En este sentido, el Gobierno quiere acotar la definición de arrendamiento de temporada en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que limita el alquiler de viviendas vacacionales y apartamentos por parte de particulares.