Una guerra "cum laude"

PILAR CERNUDA
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La proliferación de másteres y otros títulos de dudosa certificación en la carrera de los políticos actuales abre la puerta a un debate que llega a lo más profundo de la Universidad y la gestión que estas han efectuado de los fondos públicos

Se enturbia el panorama para Pedro Sánchez aunque es impensable que la polémica sobre su tesis para acceder al doctorado en Economía le cueste la Presidencia, mientras se va aclarando el panorama para Pablo Casado con la oposición de la Fiscalía a que se investigue sobre el posgrado que inició en la Univesidad Rey Juan Carlos para acceder al doctorado, que algunos confunden con un máster. La decisión del Ministerio Público no es vinculante, pero importa. Casado, que siempre creyó que su caso iba a ser archivado porque consideraba que no había cometido ninguna irregularidad, solo se plantearía la obligatoriedad de presentar su dimisión como líder del PP en el momento en el que se le abriera juicio oral, que es lo que marcan los estatutos de su partido.

La proliferación de másteres presentados por personajes relevantes ha invadido directamente en la vida política española, y de momento le ha costado el cargo a la ya expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes y la ya exministra de Sanidad, Carmen Montón. Esa proliferación obliga a preguntarse por qué son tantos los españoles que no se sentían suficientemente conformes con su grado universitario y sumaban títulos posteriores de forma casi compulsiva.

La culpa la tiene Bolonia, el plan Bolonia. De la universidad actual se sale con un título de graduado, que se convierte en licenciatura con un máster de uno o dos años, que para ejercer algunas profesiones, como la abogacía donde es obligado. Esa obligatoriedad ha provocado que los centros de enseñanza superior organizaran sus propios títulos, o llegaran a acuerdos con institutos y fundaciones creadas por catedráticos y profesores para impartirlos en su universidad.

En cuanto a los doctorados, si hace años las tesis debían ir acompañadas con un trabajo exhaustivo de investigación y tardaban en realizarse un mínimo de dos o tres años, en una segunda etapa se aligeró la carga. Es el caso del presidente Sánchez, con una tesis de 300 páginas, de las que gran parte son copia de informes, artículos e incluso conferencias, en la que además contó con la ayuda inestimable de quien había sido jefe de gabinete del exministro de Industria Miguel Sebastián. Tan inestimable era la ayuda que las dudas se han centrado en averiguar si efectivamente Sánchez escribió su trabajo para el doctorado o se limitó a presentarlo con su nombre. 

Carlos Ocaña escribió un libro que recoge varios de los capítulos de la tesis, y lo firma él. Desde que surgió el nombre Ocaña y las dudas sobre la autoría de Sánchez, no hay día en el que no aparezca un nuevo datos sobre el corta y pega de la tesis, sin que figure el nombre de la persona que había pronunciado la conferencia y escrito el artículo que se copia, lo que es obligatorio, o el nombre del informe del que se obtuvo la información, obligatorio también.

Los cuatro casos que han convulsionado la vida política son muy diferentes entre sí. No hay ninguna certeza de que Cifuentes haya realizado el máster, no la recuerda ni un solo profesor ni un solo compañero, y se ha comprobado la falsificación de alguna firma y de cambio de nota. 

Montón consiguió su título matriculándose fuera de plazo y con algunas asignaturas ya dadas, e incluso presentó el Trabajo de Fin de Máster aprobarlas todas. 

Casado no hizo ningún máster, sino un posgrado para acceder al doctorado, y el acento se pone en el exceso de convalidaciones y también en que ha presentado titulaciones de universidades extranjeras cuando los estudios, de apenas cinco o seis semanas, los hizo en Madrid. Su explicación: se trataba de centros con sede en Madrid y titulaciones homologadas por el Gobierno español. 

Sanchez no aportó titulaciones de máster en su currículum vitae, sino el título de doctor, que hay quien pone en duda que lo merezca por la escasa entidad de la tesis… sobre cuya autoría se duda, que es lo más grave en su caso.

El plan Bolonia, así como una crisis en el empleo que primaba a los universitarios y a los que habían completado sus estudios con nuevas titulaciones, abrió la espita para que miles de españoles se apresuraran a conseguir másteres para intentar conseguir un trabajo que, pensaban, solo con una licenciatura no lo conseguían. El pecado ha estado en la falta de control sobre el funcionamiento interno de las organizaciones que ofrecían la formación.