La minería de carbón en Castilla y León ya tiene fecha de caducidad, si es que no estaba ya sentenciado. Concretamente será en el año 2027 en virtud del preacuerdo firmado ayer entre el Ministerio para la Transición Ecológica y los dos sindicatos de clase, que suscribieron un pacto para lograr una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras durante los próximos ocho años. El documento, que lleva la firma del secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, incluye un plan de restauración de explotaciones cerradas para los próximos seis años y contempla la existencia de medidas excepcionales para las empresas que continúen activas hasta 2025. El principio de acuerdo negociado abarca un ámbito temporal para el periodo 2019-2027, si bien cada línea de ayudas, y en función de sus características le corresponde un marco diferente de vigencia.
En ese sentido, el texto apuesta por el «uso de carbón autóctono competitivo» aunque reconoce la necesidad de impulsar un programa de reactivación de las comarcas mineras para los próximos ocho años. Al respecto, los sindicatos arrancaron un compromiso para poner en marcha un plan de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética hasta 2023, así como el apoyo del Ejecutivo a las nuevas tecnologías a través de diversas iniciativas en el seno de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), con sede en Ponferrada.
El preacuerdo no ha sido recibido por igual en la Comunidad. Así, mientras los sindicatos han defendido su firma, partidos políticos como PP o UPL se han opuesto frontalmente al mismo. El responsable de Minería de CCOO en Castilla y León, Omar Garal, aseguró que el pacto es «el mejor acuerdo posible» ante «la postura de bloqueo del Gobierno» respecto a la continuidad de las empresas y la garantía de suministro. Por su parte, el secretario de UGT FICA, Jorge Díez, ratificó el ya que «da cobertura máxima a los trabajadores», aunque lamenta no tener la potestad para regular la compra de carbón autóctono.
Por el contrario, desde el Grupo Popular en las Cortes, su portavoz Raúl de la Hoz calificó de «insuficiente» el preacuerdo si no se revierte la fecha de cierre para el carbón y las térmicas, y aunque mostró su respeto al «acuerdo laboral» sostuvo que «no puede ser un obstáculo» para evitar que las explotaciones y las térmicas no tengan que cerrar el año que viene. Por último, desde la UPL lamentaron la «falta de sensibilidad» de Gobierno y sindicatos con las comarcas mineras.
Muy crítica con el acuerdo firmado se mostró ayer la consejera de Economía de la Junta, Pilar del Olmo, que exigió al Gobierno alternativas para cuencas mineras porque el preacuerdo supone «el fin del carbón» en la Comunidad. «Va a quedar un amplio territorio de Castilla y León de 10.000 kilómetros cuadrados sin actividad en base a este acuerdo», lamentó Del Olmo, al tiempo que recordó que la Junta ya impulsa medidas para revitalizar las zonas mineras a través del Plan de Dinamización de Municipios Mineros, por lo que exigió al Ejecutivo central que impulse alternativas industriales.