La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, confirmó hoy que la Junta recurrirá ante el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que anuló hace unos días el decreto que regula la autorización y funcionamiento de los centros sociales de mayores de la Comunidad, además de que se elaborará un nuevo decreto “con la colaboración de todos”.

Aunque apostilló que el Ejecutivo autonómico no está de acuerdo con este fallo judicial, respetó la decisión del Tribunal y aclaró que, al no ser una sentencia firme, no producirá “ningún efecto” ni lo tendrá hasta que no se resuelva el recurso que se está preparando, ni tendrá una repercusión “negativa” en la atención a los mayores.

Alicia García aclaró que no está pretendiendo cambiar “sola” un modelo y rechazó una Comunidad “en blanco y negro”, después de que el Grupo Parlamentario Socialista le pidiera en la sesión plenaria de las Cortes la recuperación del modelo de 2001. “Quiero un modelo actual”, reivindicó la consejera, quien aseguró que el modelo que defiende la Junta garantiza “una atención de calidad” para los mayores, además de que demuestra satisfacción en los familiares, mientras que los profesionales también están satisfechos con este modelo.

De la misma manera, García explicó que la sentencia del TSJCyL hace referencia a cuestiones formales que no entran en el modelo. En respuesta a preguntas del Grupo Socialista, del Grupo Podemos y del Grupo Mixto en relación a los pasos que se darán a partir de ahora tras el fallo judicial, la consejera incidió en que se se iniciará una nueva tramitación para “subsanar las deficiencias procedimentales” que se señalan en la sentencia “para una mayor seguridad jurídica”, además de que negó que el fallo recoja reclamaciones de los profesionales y lamentó que los socialistas no crean en el modelo de atención centrado en la persona, lo que estimó que es “una mala noticia para Castilla y León”.