El Procurador del Común en Castilla y León, Tomás Quintana, quiere modernizar la institución y convertirla en más visible entre los ciudadanos para lo que se creará una sede electrónica y se potenciará su acercamiento al mundo rural.

Tomás Quintana aseguró ayer en Salamanca, donde realizó una visita a la Diputación, Ayuntamiento, Junta y Universidad, que es necesario trabajar por acercar la entidad al mundo rural, motivo por el que desde que comenzó su mandato, en septiembre del pasado año, inició una ronda de contacto con las diferentes diputaciones.

Quintana destacó que León, donde se encuentra la sede del Procurador del Común, es la provincia en la que más reclamaciones se presentan. Salamanca, informó, está en la mitad del ranking, registrándose en 2018 casi 300 quejas. «Es un número bajo en relación al número de habitantes entre ambas provincias», lo puede ser por la falta de conocimiento de la institución entre los ciudadanos de Castilla y León.

El propio Javier Iglesias puso en valor la cercanía con la que el nuevo Procurador del Común pretende acercarse a los habitantes de la «Castilla y León rural». Cabe destacar que la oficina de atención de la entidad se trasladó ayer a Salamanca, atendiendo a lo largo de la mañana en la Diputación Provincial las peticiones de los ciudadanos que así lo solicitaron. Por ello, Quintana dijo que las diputaciones son unos «interlocutores muy válidos» con los pequeños municipios, ya que, según comentó en declaraciones recogidas por la agencia Ical, es difícil que su institución pueda acercase a los cerca de 2.400 municipios de la Comunidad.

Tomás Quintana también se refirió a las resoluciones del Procurador del Común, que no son vinculantes. En este sentido, entendió que así sea, puesto que, en caso contrario, explicó, se le restaría autonomía a la Administración. No obstante, aseguró que las decisiones del organismo que preside «no son brindis al sol». Así, apuntó que el Procurador del Común tiene una página web en la que se da publicidad a las entidades que colaboran o que no colaboran, algo que, como recalcó, «tiene un coste ante la ciudadanía».