La figura laboral del falso autónomo no es nueva, pero sí se puede asegurar que se ha agudizado su uso desde la última crisis económica sufrida en España, cuyo actual Gobierno le declaró la guerra el pasado viernes con un real decreto ley con el que pretende que afloren 40.000 empleos.  

Las empresas se vieron apuradas y decidieron ajustar todas las partidas presupuestarias para ampliar la producción. Una de ellas es la que hace alusión a los costes laborales que, en este caso, se pretende ahorrar de lo que se cotiza a la Seguridad Social, a sabiendas de que están en el límite legal y que, de hecho, se considera una acción sancionada con multas que pueden derivar, incluso, en penas de cárcel.

Los falsos autónomos están inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) como profesionales por cuenta propia pero, sin embargo, realizan sus servicios para una única sociedad como si fueran asalariados por cuenta ajena, dependiendo en todas sus funciones de lo que imponga la dirección de la compañía, sin capacidad de independencia y actuando siempre como empleados.