El Reino Unido y la Unión Europea se dieron este verano como plazo máximo la llegada de octubre para cerrar los últimos flecos del pacto sobre la frontera de Irlanda y la relación comercial. Sin embargo, la fecha se va acercando y ninguna de los dos partes parece mover ficha. Por el contrario, desde Londres, el Gobierno de Theresa May decidió ayer acelerar sus planes de contingencia para un Brexit sin acuerdo con Bruselas, a pesar de que fuentes del Gabinete británico subrayaron, al mismo tiempo, que ese escenario implicaría «algunas dificultades» para los ciudadanos y las empresas del país anglosajón.

Después de una reunión extraordinaria de más de tres horas para abordar el asunto, el Ejecutivo conservador consensuó continuar los pasos para las «preparaciones para un no acuerdo en las próximas semanas y meses», según detalló un portavoz de May.

La primera ministra mantiene la confianza en que el diálogo con la UE llevará a una ruptura negociada con los 27 socios comunitarios, pero considera que debe prepararse «para todos los escenarios posibles», agregó.

Al término del encuentro, al que asistió, además del Consejo de Ministros, el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, Downing Street divulgó una serie de documentos técnicos que analizan el impacto de un divorcio sin consenso en diversos sectores. Ante esa posibilidad, dejaría de estar garantizada la gratuidad del roaming telefónico, se vería dificultada la homologación de licencias de conducir de los británicos en otras naciones europeas y se complicarían las relaciones empresariales entre ambos lados del Canal de la Mancha, según se avisa en un documento.