El hasta ahora presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que iba a ser el encargado de tutelar el juicio a los líderes del procés, el conservador Manuel Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 1959), será el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en virtud de un pacto alcanzado ayer por el PSOE y el PP para relevar a Carlos Lesmes, cuyo mandato concluye el próximo 4 de diciembre.
En base a este entendimiento entre los dos partidos, el órgano de Gobierno de los jueces contará con mayoría progresista, de 11 frente a nueve. Según fuentes conocedoras de este pacto, los populares han cedido en este punto a cambio de que el presidente del órgano y, por lo tanto, también del Tribunal Supremo sea Marchena. Prestigioso y fino jurista, con fama de buen negociador, su perfil ha sido valorado especialmente para iniciar una etapa menos presidencialista que la anterior, algo que coincide con el cambio legal que se tramita en las Cortes y todos los partidos apoyan para devolver competencias al Pleno del CGPJ. Compañeros suyos del Supremo inciden en su trato cercano, en su particular sentido del humo y elogian en especial el control que ha llevado de todos los asuntos que pasaban por la Sala de lo Penal.
En este sentido, subrayan que consideran casi imposible que bajo su mandato hubiese tenido lugar una polémica como la de la sentencia de las hipotecas. Y es que, según apuntan algunos jueces, la Sala de lo Penal ha celebrado con Marchena al frente «muchísimos plenos», más que con su antecesor, Juan Saavedra, con el objetivo de unificar los criterios de los diferentes magistrados con una base jurídica sólida.
Además, de la opción de Marchena, PSOE y PP pactaron también los nombres de sus ocho juristas candidatos para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Entre los togados acordados por socialistas y populares como futuros vocales de esta institución destacan José Ricardo de Prada, el magistrado de la Audiencia Nacional a quien se atribuyen las frases más duras de la sentencia del caso Gürtel, y Gema Espinosa, magistrada de Audiencia Provincial de Barcelona y esposa del instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena.