Las Cortes aprobaron la ley de transporte público de viajeros por carretera con un amplio consenso, del que únicamente se desmarcó Ciudadanos con su abstención. Esta norma moderniza y actualiza la legislación para prestar una «atención singular al ámbito rural» y «garantizar un servicio público de calidad, adecuado a las nuevas pautas de desplazamiento y a la realidad del territorio», según explicó el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

La ley aprobada, que prosperó ante el vencimiento del actual sistema concesional en diciembre de 2019 sin posibilidad de prórroga, adapta el transporte de viajeros a las circunstancias de la Comunidad, con una gran extensión territorial, una baja densidad de población y su amplia dispersión geográfica. Suárez-Quiñones, en su presentación de la norma, destacó la incorporación del transporte rural y un catálogo de derechos para los usuarios como principales novedades de un texto al que se han incorporado enmiendas de todos los grupos políticos durante la tramitación parlamentaria.

En ese sentido, el consejero valoró la colaboración y participación del sector del transporte de viajeros por carretera con la Junta y los grupos políticos y el apoyo prestado a los ciudadanos, a pesar de que las concesiones fijan un «margen estrecho», al aceptar las demandas del Ejecutivo autonómico para mejorar el servicio.

También destacó el «trabajo codo a codo» de las fuerzas políticas para completar el trabajo de la Junta. A su juicio es un «buen» ejemplo del «adecuado» funcionamiento de las instituciones, puesto que Suárez-Quiñones recordó que se han antepuesto los intereses generales y se ha hecho un esfuerzo para lograr el consenso, según informa Ical.

Obsoleto.

La procuradora de Ciudadanos Belén Rosado explicó la abstención a la ley, a la que presentaron una enmienda a la totalidad, por ser «obsoleta» y no contemplar el coche autónomo, el big data o los conflictos entre el VTC y el taxi. En su turno para fijar posición, señaló que el proyecto ha estado demasiado tiempo en los «despachos» y llegó a las Cortes al término de la legislatura, lo que a su juicio hubiera facilitado un mayor consenso.

Además, Rosado reconoció que el texto ha incorporado un gran número de enmiendas de los grupos de la oposición.