La Consejería de Sanidad indemnizará con 173.000 euros a la familia de un paciente que falleció tras un cateterismo sobre el que no se hizo un control adecuado en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

Sanidad, mediante un procedimiento tramitado por los servicios jurídicos de la Asociación El Defensor del Paciente, ha reconocido mediante una resolución de 26 de abril el derecho de los familiares de un paciente a ser indemnizados con 173.032 euros como consecuencia de la defectuosa asistencia sanitaria prestada y que llevó a su fallecimiento.

Pese a que la Resolución fue recurrida, recientemente se ha desistido y en estos momentos es firme, han informado a Europa Press fuentes de El Defensor del Paciente.

El paciente falleció el 13 de julio de 2015, cuando contaba con 56 años y presentaba como antecedentes médicos bypass femoropoplíteo bilateral, por obstrucción y por aneurisma poplíteo.

El día 5 de julio de ese año comenzó a sufrir dolor en la pantorrilla, lo que motivó que acudiera al Servicio de Urgencias del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, donde, tras la realización de eco doppler, fue diagnosticado de obstrucción de bypass femoropoplíteo izquierdo. Entonces, fue derivado al Servicio de Cirugía Vascular al Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

Esa misma tarde fue valorado por el servicio de Cirugía Vascular del centro hospitalario salmantino, que indicó que, dada la edad y la patología del paciente, se debía realizar un tratamiento fibrinolítico. Tras realizarse la intervención, la familia se enteró de que no funcionaba la sala de radiología donde se coloca el catéter.

Así, pasaron al paciente a la Unidad de Vigilancia Intensiva porque era necesario un control estricto una vez que comenzara fibrinólisis y un control a las 24 horas de este procedimiento para ver evolución.

SÍNTOMAS

A pesar de que el paciente se quejaba de dolor intenso desde el mismo momento que salió del quirófano después del implante del catéter, el personal que lo tenía a su cuidado no le proporcionó la pauta necesaria que les era exigible, ha relatado la asociación.

Tampoco se tomaron medidas efectivas cuando el paciente comenzó a manifestar a las pocas horas desorientación, agitación psico-motora, que no cedía a las medidas habituales.

Aunque la familia del paciente demandaba asistencia, y en concreto su hija médico insistía en la anormalidad del proceso, los médicos responsables restaron importancia al deterioro progresivo del enfermo sin realizar ningún abordaje terapéutico.

El paciente continuó con aumento de dolor en el cuello, desorientación, agitación psico-motora y ello a pesar de la sedación intensa y de los opiácidos que se le administraban. No obstante, no se planteó ninguna prueba diagnóstica.

"Existió una grave ausencia en el seguimiento del paciente por parte del servicio de cirugía vascular, dado que no pasaron a verlo desde el día del ingreso (5 de julio) hasta el día 7 por la mañana", ha señalado El Defensor del Paciente.

Así, los cirujanos vasculares encontraron al paciente somnoliento, desorientado, con una tetraplejia flácida y tetraparesia. La situación del paciente era tan evolucionada que las posibilidades de realizar tratamiento quirúrgico efectivo fueron escasas, falleciendo el 13 de julio de 2015.

Por lo tanto, Sacyl ha reconocido que existió una disfunción asistencial al no realizar un control adecuado del paciente. Igualmente, para la presidenta de l Asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, la decisión de la Consejería "es acertada a reconocer la deficiente asistencia sanitaria prestada".

La defensa del caso ha sido ejercida por el abogado Santiago Díez Martínez, del despacho SDS Legal, especialistas en derecho sanitario y adscritos a los servicios jurídicos de la asociación.