Policía Nacional y Guardia Civil están de enhorabuena. Han conseguido que este mes se resuelva una de las principales demandas de sus respectivos cuerpos: materializar la equiparación salarial entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas y municipales.

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se muestran «contentos» con la consecución de este concierto, al menos en lo que respecta al primer tramo. Es decir, lo correspondiente al año 2018, en el que se efectuará un pago de 310 millones de euros para la equiparación de las retribuciones salariales con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

Para Manuel Moya, secretario de Formación de la AUGC, y uno de los representantes del Cuerpo que ha estado al filo de las negociaciones, es «la mejor solución que podíamos conseguir dadas las aristas y obstáculos con los que se han ido encontrando. «En una tramitación de estas caracterísitcas nunca consigues el 100 por 100», coincide Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), aunque confiesa que «hemos conseguido el 90 por cien», por lo que su valoración es de celebración: «Un éxito rotundo».

No obstante, las cautelas se mantienen. A finales del mes de septiembre se veían obligados a solicitar la convocatoria urgente de la Comisión Interministerial de seguimiento del acuerdo de equiparación ante el anuncio del Gobierno de la posibilidad de destinar una partida de 700 millones de euros para los Mossos d’Esquadra que, de efectuarse, haría volver las negociaciones a la casilla de salida, dejando sin efecto una resolución que ha llevado mucho tiempo alcanzar.

Esta noticia les inquietó, y es por eso que su intención última es ir más allá y conseguir una ley marco de retribuciones que evite este tipo de acontecimientos en el futuro y que garantice la igualdad en los salarios. «A igual puesto, igual salario», reclaman, por lo que no entenderían que después de alcanzado este pacto, se volviera a establecer una diferencia salarial con esos 700 millones de euros.

Finalmente, irá destinado a la mejora de recursos e infraestructuras de la Policía autonómica catalana y otra buena parte al pago de la deuda contraída en los últimos años en los que los efectivos se han incrementado desde los cerca de 9.000 mossos en 2009, hasta los casi 17.000 en 2017, sin que el Estado haya pagado por esa diferencia.

De este modo, y según los cálculos de las partes negociadoras de la firma del contrato, la nómina de octubre de los agentes de la Policía Nacional se verá incrementada en unos 1.500 euros brutos, ya que incluirá la subida salarial de este mes (unos 202 euros para Policía Nacional y unos 260 para Guardia Civil), además de los atrasos desde enero.

un largo camino. El acuerdo se alcanzó en febrero de este año y se firmó en marzo, pero con el cambio de Gobierno, tras la moción de censura, se retrasó su rúbrica definitiva hasta agosto. 

Finalmente, se hará efectivo en la paga de octubre con carácter retroactivo desde el 1 de enero. «Era capital para nosotros», afirma Cosío, que recalca que para ellos se trata de un incremento que afecta a más de 140.000 nóminas. 77.000 en el caso de la Guardia Civil, desvela Moya.

Un convenio de equiparación en el que aclaran que hay muchas particularidades porque «no es lo mismo un agente que recoge denuncias que uno especial de los GEO», destaca Cosío.

Tras la reunión mantenida el pasado 5 de octubre para ultimar flecos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, agradeció la «paciencia y actitud positiva» a los representantes de los sindicatos, así como las asociaciones profesionales de ambos Cuerpos, para la consecución de esta disposición de equiparación gradual de las condiciones económicas de los funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con las Policías autonómicas, que se desarrollaría a lo largo de tres ejercicios presupuestarios, 2018, 2019 y 2020, con un importe de 807 millones de euros.

Según informó el Ministerio, se han llevado a cabo las actuaciones necesarias para asegurar la aplicación del acuerdo a todo el colectivo de policías nacionales y guardias civiles que prestan servicio en territorio nacional en situación de activo, o en Segunda Actividad con Destino o Reserva con Ocupación, con independencia del Ministerio u organismo en el que presten servicio. 

Además, se han tramitado con la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas y con la dirección general de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, los expedientes de incremento de productividad y los de transferencias y suplementos de crédito, para situar la dotación en los créditos adecuados para dar cumplimiento al acuerdo. 

Así, en lo que a 2018 se refiere, se destinarán 310 millones de euros para complementar las retribuciones actuales de los agentes de la Policía Nacional y de la Guard