Apenas han pasado unas semanas desde que el Ayuntamiento de Borobia puso en marcha un nuevo paquete de «ayudas económicas para la integración de las familias» en el municipio y «ya comienza a dar resultado». «Se ha trasladado a Borobia una familia con cinco niños, de los cuales cuatro están en edad escolar (el pequeño tiene un año, por lo que todavía no va a la escuela). Ya se han empadronados en Borobia y ya se han instalado en el pueblo, en una vivienda municipal (la casa rural propiedad del Ayuntamiento). Tienen trabajo en la zona, por lo que es una familia asentada que esperemos que se quede mucho tiempo en Borobia», confía el alcalde de la localidad, José Javier Gómez Pardo, quien destaca que gracias a esta nueva incorporación la escuela, que tenía seis alumnos, conseguirá llegar hasta la decena, lo que es una garantía para su continuidad en el futuro.
Desde Borobia llevan meses trabajando en varias líneas que permitan «revertir de alguna manera el descenso de población que tenemos, que se produce de forma natural porque muere gente todos los años pero no hay ni un solo nacimiento desde hace años». En este sentido, el pasado mes de octubre aprobaron en pleno esta nueva línea de ayudas que consiste en «dar a las familias con niños en edad escolar una ayuda de 50 euros al mes desde septiembre hasta junio. Son 50 euros por cada niño escolarizado en Borobia», recuerda Gómez, quien apunta que desde el Consistorio se está «en conversaciones» con más familias, si bien de momento «no hay nada cerrado».
vivienda. Las ayudas económicas son solo una pata de la política de Borobia para combatir la despoblación. La otra es la adecuación de diferentes edificios de propiedad municipal para facilitar a los nuevos pobladores una vivienda digna si deciden instalarse en Borobia. De momento, el Ayuntamiento ha rehabilitado el que iba a ser el museo etnográfico y lo ha reconvertido en dos viviendas. Esta actuación ha sido posible gracias a las ayudas de la Diputación al amparo del Plan Soria. «Nos han dado 20.000 euros por vivienda y hemos tenido que poner más de 40.000», apunta el regidor, quien asegura que ya tienen «gente interesada que trabaja por la zona y vinculada con Borobia» que quiere instalarse en el municipio. El museo que había previsto en ese edificio, matiza Gómez, no se descarta, si bien «se buscará otro edificio más acorde».
Es un primer paso para dotar a Borobia de viviendas, pero el Consistorio espera seguir trabajando en esta línea. «Para la próxima convocatoria de ayudas queremos seguir con esta política», anuncia el regidor, quien valora ya recuperar la antigua casa parroquial y no descarta incluso adquirir propiedades en el término que estén en estado ruinoso o semirruinoso y rehabilitarlas para «facilita una vivienda a la gente que venga a trabajar a Borobia». La mirada está puesta en la mina, donde ahora trabajan 14 personas pero se espera que se sumen otras 50 el próximo año.
Además, recuerda, «el Ayuntamiento dispone de cuatro parcelas que estudiaremos si las podemos sacar y ofrecer a constructores privados para que las desarrollen» en unas condiciones económicamente ventajosas que faciliten un precio asequible a los nuevos pobladores.
los escombros, el problema. En este sentido, no obstante, el alcalde de Borobia hace una queja e insta a las administraciones competentes a buscar soluciones para las obras de demolición y desescombro. «El problema más grave que tenemos hoy en los pueblos es el tema de los escombros», recrimina. Alude a la nueva normativa de eliminación de residuos de construcción que entró en vigor hace ya unos años y que obliga a los responsables de la construcción a trasladar los residuos de obra hasta una planta de tratamiento, lo que encarece el coste de la obra considerablemente, especialmente si los pueblos están lejos de la capital y de Almazán, donde se localizan las dos plantas de residuos de la provincia.
«Si se echa el residuo en el pueblo cuesta limpiar un solar 2.000 euros. Ahora, al tenerlo que llevar al centro de tratamiento, más las tasas, cuesta 9.500 euros, más iva», apunta como ejemplo, al tiempo que recuerda que la mayoría de los residuos de las viviendas antiguas que se demuelen son piedra y adobe, «que debería considerarse residuo inerte y permitir su retirada en un camino, en una zona de desmonte...».
«La Diputación está poniendo ahora unos contenedores en los pueblos pero son para obras menores. La Junta es la que tiene las competencias y la que debería buscar una solución ya que, si queremos incentivar que se repueblen los pueblos, hay que empezar por ahí», sentencia.