El Procurador del Común reclama convenios con otras comunidades autónomas, principalmente las limítrofes, que permitan agilizar el traslado de cadáveres entre territorios. La institución que preside Tomás Quintana toma esta iniciativa después de recibir quejas sobre las dificultades que enfrentan los familiares de los residentes en Castilla y León cuando se produce un fallecimiento en otro lugar del territorio nacional y los cuerpos que deben permanecer 24 horas en el domicilio mortuorio “con el consiguiente coste emocional y económico para los afectados que se encuentran en una localidad ajena y absolutamente desubicados hasta que se autoriza el mismo”, señalan en una nota recogida por Ical.

Al coste social, recuerdan, se añade el económico motivado por el desplazamiento y el derivado de la eventual presión que sufren los familiares para la contratación de servicios por parte de las empresas funerarias situadas en el lugar de la defunción, en detrimento de su funeraria local o de confianza. Los autores de la queja consideran que la Administración autonómica debe impulsar medidas o firmar convenios que permitan agilizar todos estos trámites, en garantía de los derechos de todos, sobre todo en los supuestos de los traslados que no entrañan ningún riesgo sanitario.

Castilla y León ha actualizado el régimen autonómico en materia de traslados de cadáveres al sustituir la autorización previa por un régimen de comunicación en cumplimiento de las prescripciones establecidas en materia de reducción de cargas y trabas administrativas, pero esta modificación no afecta a la espera para los traslados entre comunidades autónomas. La Consejería de Sanidad ha comunicado al Procurador del Común que apuesta por conseguir una mejor coordinación de las normas de policía sanitaria y mortuoria en todo el ámbito nacional y por las reducción de los tiempos de espera para el traslado de los cadáveres desde el lugar del fallecimiento hasta el lugar de la vela y el posterior entierro.

Dada esta situación, el Procurador del Común pide que se suscriban convenios específicos con los territorios limítrofes y solicita que no se impongan consideraciones sanitarias para el traslado de cadáveres que impliquen restricciones o limitaciones que no aparezcan justificadas, como el transcurso del plazo reseñado de 24 horas, que, a juicio el Procurador, obedecen exclusivamente a la presencia de límites territoriales y no a razones sanitarias, favoreciendo la posibilidad de que estos traslados en zonas limítrofes puedan ser considerados conducción ordinaria de cadáveres y se permita su realización en un féretro común, favoreciendo así que los familiares del difunto puedan velarlo en su entorno más próximo.