El juez Fernando Grande-Marlaska negó en 2015 el acercamiento a una prisión vasca al preso etarra Carlos Trenor Dicenta que por entonces tenía 71 años, estaba enfermo y solo le restaba un año y dos meses para cumplir su condena, según el auto 841/2015 dictado por él mismo y al que ha tenido acceso este diario. El magistrado justificó su decisión, entre otros motivos, por «el respeto debido a la dignidad de las víctimas». Ahora, como ministro del Interior, ha defendido sin embargo la legalidad del acercamiento de convictos de ETA con el argumento de que la edad avanzada, el estado de salud y el también repudio a ETA «son requisitos más que razonables para tenerlos en cuenta», como también lo es «la pena cumplida».
El auto en cuestión está fechado el 29 de octubre de 2015 y fue dictado por Grande-Marlaska como presidente y ponente de la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En el mismo se desestima el recurso presentado por el etarra Carlos Trenor Dicenta contra la decisión del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria que unos meses antes, en mayo de ese año, había negado al recluso la petición de traslado al centro penitenciario de Zaballa (Álava) desde la cárcel de Ocaña II (Toledo) donde cumplía una condena de 10 años, 6 meses y 24 días por los delitos de pertenencia a banda armada, alzamiento de bienes y delito continuado de falsedad contable. La pena cumplía el 25 de diciembre de 2016, es decir, al recluso le quedaba solo un año y dos meses escasos para salir en libertad.
Trenor Dicenta tenía por aquel entonces 71 años y padecía diversas enfermedades tal y como recoge el auto. En concreto, expone el juez, sufría de «hipertensión tratada con mediación, dolencias digestivas de larga duración, artrosis de columna dorsal, gonartrosis bilateral avanzada, inicio de cataratas e hipoacusia bilateral». El etarra alegaba además, entre otras cosas, que se estaban vulnerando sus derechos fundamentales al mantenerle en una prisión a más de 500 kilómetros de su domicilio familiar, situado en San Sebastián. Eso le impedía, argumentaba, acceder a sus «médicos de confianza» así como «el acceso a los historiales médicos que se encontraban en el País Vasco». Exponía también que esa distancia física conllevaba «una desestructuración familiar y social», suponía a sus familiares un «elevado coste económico» y les obligaba a realizar «desplazamientos de alto riesgo». En definitiva, todo eso conllevaba, a juicio del terrorista, «una situación de arbitrariedad» y «discriminación» que atentaba contra sus derechos fundamentales y diversos preceptos constitucionales.
Nada de eso convenció al juez Grande-Marlaska que, junto al resto de la Sala (excepto un voto particular, el del magistrado Sáez Valcárcel) denegó el acercamiento. El hoy ministro reconocía que la política penitenciar proclama «con carácter general, la necesidad de que los internos residan en instituciones lo mas cercanas a sus familiares y amigos», pero, matizaba, «esta norma general a menudo se ve limitada por diversas circunstancias».
DANIEL PORTERA
Presidente de dignidad y justicia
Daniel Portero es una víctima de ETA, sabe bien de lo que habla porque lo ha sufrido en sus propias carnes. Hace casi 18 años, la banda terrorista asesinó a su padre, Luis Portero, que era por entonces el fiscal jefe del Tribunal Superior Justicia de Andalucía. Ahora, desde la asociación de víctimas Dignidad y Justicia se opone frontalmente a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de iniciar el acercamiento de presos de ETA al País Vasco y pone en el punto de mira al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
¿Cómo han recibido en su asociación las noticias sobre el acercamiento de etarras al País Vasco?
Las víctimas tuvimos una reunión con el ministro del Interior hace unas semanas y yo le dije a la cara a Marlaska que no nos íbamos a fiar de él. Le dijimos que si cedía al chantaje de los separatistas, independentistas, bilduetarras y batasunos, nosotros estaríamos en las calles.
¿Cree que hay síntomas de que está cediendo al chantaje?
Marlaska dictó en 2015 un auto en la Audiencia Nacional en el que se opone al acercamiento de los presos y lo justifica. Lo que pasa es que ahora es político, no es juez e intenta justificarlo con que todo lo hará conforme a la legalidad, pero la realidad va a ser otra, va a ser que va a recibir presiones por parte de Pedro Sánchez. Y si hace algo con lo que no está conforme le vamos a pedir que dimita y si no dimite, que creo que no lo hará, pues nos tendrá en la calle.
¿Cómo justificaba su negativa al acercamiento?
Pues decía que evitar el sufrimiento de las víctimas y sus familias es excusa para no forzar el acercamiento. Es decir, entiende perfectamente el porqué no hay que aceptarlo. Eso en 2015 nos daba una garantía y una tranquilidad, pero hoy no.