Ribera da como máximo 10 años de vida a las plantas térmicas

SPC
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La ministra de Transición Ecológica recuerda que el carbón tiene poco recorrido y compromete soluciones para zonas donde la situación es "dramática"

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, advirtió hoy que las centrales térmicas de carbón “tienen poco recorrido” y estimó que su funcionamiento “difícilmente llegará a diez años”. Así se expresó Ribera en este evento organizado por Nueva Economía Fórum, donde mostró su preocupación ante “la falta de anticipación” de las zonas donde se ubican estas centrales para buscar alternativas. De igual forma, ha manifestado el compromiso del Gobierno central con las zonas afectadas por estos cierres, por lo que ha garantizado que se buscarán soluciones en los lugares donde la falta de anticipación ha hecho que la situación sea "dramática". 

En todo caso, expresó su compromiso de hablar con los alcaldes y trabajadores afectados por estos cierres que, según advirtió, suponen “un monocultivo” para algunas zonas, y de buscar soluciones que permitan “la recuperación de un futuro industrial y económico con actividades que permitan que la gente pueda seguir viviendo donde vive con condiciones adecuadas”.

En cuanto al futuro de las centrales nucleares, señaló que la decisión programática del PSOE de no prolongar su vida útil, lo que supondría el cierre total de estas instalaciones en España en 2028, “es una referencia importante”. Sin embargo, apuntó que todavía no se puede tomar una decisión ya que falta información como la que aportarán los escenarios de descarbonización previstos para 2030 y 2050, que formarán parte del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que el Gobierno quiere aprobar antes de que concluya 2018.

A este respecto, recordó que existe “un marco comunitario que me viene dado” que obliga a los titulares de las centrales a cumplir ciertas obligaciones medioambientales o a cerrar. “Cada titular debe hacer sus cuentas y presentar sus propuestas”, apuntó Ribera, quien señaló que el Gobierno, en función de aspectos como la seguridad de suministro, debe autorizar o no el cierre de dichas instalaciones.