La Diputación de Soria está estudiando la manera de colaborar con los ganaderos de porcino de la provincia para que éstos puedan adaptarse a la nueva normativa de purines. El Presidente, Luis Rey, al Vicepresidenta, Esther Pérez y el Diputado de Agricultura, Raúl Lozano han mantenido una reunión de trabajo con representantes del sector para recoger las inquietudes que tienen con respecto al esparcido de este deshecho de las granjas en el campo. Lozano ha recalcado que la institución “está muy sensibilizada con la protección del medio ambiente y el patrimonio natural de la provincia” y por ello están preparando las bases de una convocatoria de ayudas para facilitar el cambio de legislación que se está registrando en el tema de los purines. El diputado de agricultura ha insistido en que estas subvenciones “saldrán con carácter retroactivo desde enero de 2018”.

Desde la Asociación Provincial de Productores de Ganado Porcino de Soria (APORSO) se ha solicitado a la Diputación Provincial de Soria que establezca subvenciones tanto para las cisternas como para los aplicadores de purín. El motivo de esta petición es la obligatoriedad por el cambio de normativa en la aplicación de purines, que llega a través de la aparición, “por sorpresa”, del Real Decreto 980/2017, de 10 de noviembre, por el que se modifica, entre otros, el Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, en el que se establecían las normas de la condicionalidad que debían cumplir los beneficiarios que reciben pagos directos en la PAC. Con vigencia desde el 1 de enero de 2018, la nueva norma prohíbe la aplicación de purín en superficies agrícolas mediante sistemas de plato, abanico y cañones, así como obliga al pronto enterrado de estiércoles sólidos. 

Las organizaciones sectoriales han reclamado una moratoria y la Junta de Castilla y León ha establecido su obligatoriedad a partir del 1 de enero de 2019.

En la reunión que han mantenido en Diputación APORSO ha recordado que “el incumplimiento supone la recepción de medidas coercitivas en modo de sanciones para los profesionales y que estas prohibiciones se suman a la larga lista de dificultades que gravan la actividad agroganadera”. Lo que reclaman a la institución provincial soriana es una ayuda económica tanto para los ganaderos como para los agricultores, que permita l a adaptación de los equipos y de la maquinaria a los nuevos requerimientos exigidos.