El PP y los grupos de la oposición en las Cortes ultiman el diálogo para lograr un “gran” consenso en la ley que creará la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación, un foro de encuentro al más alto nivel entre la Junta, que ostentará la Presidencia de la misma, y las entidades locales para tratar “asuntos de Comunidad” y similar al existente en España entre el presidente del Gobierno y los de las autonomías, después de la “amplía base” existente con la aceptación de la mitad de las enmiendas en los debates previos al pleno.

El proyecto de ley, que ha cambiado el propio nombre de la norma por acuerdo de los grupos para denominase bajo la neutra fórmula de “Conferencia de titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación”, llega al plenario de la próxima semana con 61 enmiendas vivas de las 119 que fueron registradas, de las que 36 han sido transaccionadas. De este bloque pendiente, 17 corresponden al Grupo Socialista; 24, a Podemos; seis, a Ciudadanos; nueve, a IU y cinco, a UPL, informa Ical.

“Hay una amplía base de acuerdo”, resume el secretario general del Grupo Popular, Juan José Sanz Vitorio, que confía en que la abstención expresada por los grupos de la oposición en el debate del proyecto en la Comisión se transforme en votos a favor de la ley en el pleno del próximo miércoles, 28 de noviembre. En estos días, espera que sean “capaces de sumar apoyos” y precisa que, en esa línea, van los contactos que se mantienen.

La ponente socialista Gloria Acevedo expresa el deseo de su formación de que esta ley salga con el “mayor consenso posible”; confía en acercar posición en estos días previos al pleno y recuerda que este proyecto de ley nace de la proposición no de ley firmada por su grupo, que fue defendida por el portavoz, Luis Tudanca, y aprobada por unanimidad en el pleno de las Cortes.

Natalia del Barrio, viceportavoz de Podemos, reconoce que la mitad de las enmiendas de su grupo se han recogido por el Grupo Popular; afirma que “no quieren bloquear” este órgano de cooperación entre la Junta y las entidades locales y destaca los cambios en el lenguaje inclusivo, propuestos por su grupo y el PSOE, como un avance del proyecto que se aprobará el próximo miércoles.

El procurador y las dos parlamentarias manifestaron, en declaraciones a Ical, su predisposición a la negociación y precisaron que, en estos momentos, se valora la propuesta del PP para que el Consejo Comarcal del Bierzo y las entidades locales menores o juntas vecinales tengan representación en la Conferencia con voz y voto en asuntos que les atañan directamente y, por tanto, un apartado diferenciado de la Federación Regional de Municipios y Provincias.

“Es un proyecto de mínimos, vamos a maximizar. No hay nada insalvable, soy partidaria del consenso, más en un momento de crispación en la política”, argumenta Gloria Acevedo, mientras que Natalia del Barrio marca como ‘líneas rojas’ para que su grupo varíe la abstención por el “sí” que en la composición de la Conferencia tengan hueco las comarcas y los pequeños municipios, pero no bajo el paraguas de las diputaciones o de la FRMP.

Además de todo lo relativo al lenguaje inclusivo y no sexista, al que Del Barrio otorga gran importancia para cumplir el principio de igualdad, el proyecto de ley incorpora la enmienda de Podemos para que la Conferencia apruebe en el plazo de un año, a contar desde su sesión constitutiva, el reglamento de funcionamiento.

Entre las funciones de la Conferencia, figuran las de analizar las grandes directrices de las políticas públicas, sectoriales y territoriales, que tengan trascendencia autonómica o que excedan de los intereses de una sola entidad local; intercambiar y coordinar la información sobre las actuaciones programadas por las administraciones públicas; potenciar y promover la suscripción de convenios interadministrativos entre la Junta y los gobiernos locales o aprobar su reglamento de organización y funcionamiento interno.

Los titulares de la Presidencia de la Junta, de la Federación Regional de Municipios y provincias, de la Consejería competente en Administración local, de las alcaldías de más de 20.000 habitantes, de las diputaciones provinciales y un vicepresidente o vicepresidenta de la FRMP para representar a las entidades locales de ámbito rural serán los miembros de la Conferencia, que se reunirá una vez al año convocada por su presidente o presidenta. Además, habrá un Comité Permanente que se podrá convocar de forma ordinaria cada seis meses.

Los acuerdos se adoptarán por consenso de todos los miembros presentes de la Conferencia, siempre que asistan dos terceras partes de los miembros y las recomendaciones se tomarán con el voto favorable de su presidente y dos terceras partes de los miembros presentes. El titular de la Consejería competente informará de los contenidos en las Cortes, al menos una vez al año.

Grupo Mixto

La segunda parte de este proyecto de ley regula el Estatuto de los miembros de las entidades locales y la información en los Plenos. Entre las enmiendas a este apartado, se acepta una de UPL sobre la constitución del Grupo Mixto, aunque no en los términos en los que estaba formulada, pero sí se elimina el párrafo que requería una representación de, al menos, un diez por ciento del total de los miembros de la entidad local con un mínimo de dos miembros para constituir este grupo.

Conforme a la nueva redacción, el grupo mixto estará integrado por aquellos miembros de la entidad local que no se incorporen a algún grupo político en los plazos que para su constitución se determinen reglamentariamente, y no les corresponda ostentar la condición de miembros no adscritos.

Por otro lado, los miembros no adscritos, aquellos que no se hayan constituido en el grupo constituido por la formación que presentó su candidatura o que hubieran sido expulsados por un acuerdo mayoritario del grupo político mediante votación, podrán integrarse en el grupo mixto. Además, los miembros de las entidades locales que tengan baja por riesgo durante el embarazo, que disfruten del permiso de maternidad o paternidad, así como aquellos que padezcan enfermedad prolongada grave que clara y justificadamente impida su asistencia personal a la sesión, podrán asistir a distancia a las sesiones plenarias mediante videoconferencia u otro procedimiento similar.

La ley recoge que los miembros de las entidades locales que incumplan reiteradamente con el deber de asistencia a los plenos, sin justificación suficiente, serán sancionados con una cantidad equivalente a la indemnización dejada de percibir por cada falta de asistencia.