La maquinaria de las elecciones ya ha comenzado a funcionar en el plano político, pero también en el administrativo. La Oficina del Censo Electoral, dependiente de la Delegación del Instituto Nacional de Estadística (INE) en Soria se encarga de controlar las altas irregulares en el censo conforme a la Ley Electoral. A pocos meses de los comicios ha abierto 10 expedientes de agosto a diciembre de 2018 (enero todavía no se ha procesado) por altas en el Censo Electoral. Del total, seis se han cerrado ya tras haber sido justificados debidamente por los alcaldes, tres están estudiándose aún (en el segundo de los dos requerimientos para pedir una justificación que establece el procedimiento antes de trasladarlo a la Junta Electoral Central si no se responde o no se justifica) y tan solo uno ha sido enviado a la Junta Electoral Central. En la segunda gestión se han abierto 16 expedientes, de los que nueve eran de los iniciales y se han cerrado sin más, y siete nuevos a los que se ha enviado un primer requerimiento, según informa Raúl Grande Alonso, delegado provincial del INE. Los expedientes corresponden en total a 70 electores de 22 localidades de la provincia de Soria.
El expediente que implica un mayor número de empadronamientos que podrían ser irregulares corresponde al alta de nueve empadronamientos en un mismo municipio en varios meses, un 33% más, pero desde el INE insisten en que no es un número significativo y que no hay necesidad de crear alarma en determinadas localidades. En una provincia como Soria con pocos habitantes por municipio el porcentaje es alto y da la sensación de que el aumento en cuanto a empadronados pueda ser mayor.
Esta situación de irregularidades en empadronamientos meses antes de procesos electorales municipales no se produce en provincias vecinas, como Burgos, donde se ha investigado el empadronamiento de 339 personas en 44 localidades. Según Raúl Grande Alonso, «en Soria enseguida se justifican las altas y los alcaldes ofrecen explicaciones muy detalladas. Por ejemplo, son personas que comienzan a residir en una vivienda social o que regresan al pueblo para vivir allí de continuo tras jubilarse». El delegado es prudente y no da el nombre de ninguna localidad, puesto que no quiere causar alarma en torno a ningún municipio ya que el tema «no tiene casi incidencia».
PADRÓN MUNICIPAL. En cuanto al procedimiento, las altas que se registran mensualmente están derivadas de los movimientos de los padrones de los ayuntamientos, que quedan cerrados a final de cada año. De esta manera, el INE comprueba cada mes si es un número de altas más elevado que el habitual. En época de elecciones -como la actual, dada la proximidad de las elecciones municipales, autonómicas y europeas- si hay aumentos significativos, a través de una aplicación informática de gestión del Censo Electoral para comprobar las altas que se producen en cada ayuntamiento, se pueden observar las variaciones y las tendencias en los últimos meses. «Dicha programación se basa en un cálculo de tendencia y porcentajes que, si sobrepasan ciertos niveles, emite una alerta y se genera un expediente», detalla Raúl Grande Alonso, delegado provincial del INE. Por ejemplo, «si un municipio con 35 electores se mantiene con esta cifra durante ocho meses y al noveno mes se incorporan cuatro electores, salta la alarma para ese municipio y se genera el expediente».
Tras iniciarse el expediente, se requiere al alcalde del municipio que justifique las altas, si no ofrece las explicaciones aclaratorias o no contesta, se realiza otro requerimiento. Si ocurre lo mismo, se pasa el expediente a la Junta Electoral Central y las listas electorales publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) podrían impugnarse, por lo que finalmente resolvería sobre si se mantienen las altas o pasan a ser bajas en la Oficina del Censo Electoral.