«La aritmética parlamentaria es la que es», señaló ayer la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en relación a su débil situación para llevar a cabo iniciativas que en la oposición blandieron como indispensables, una de ellas, la derogación de la reforma laboral de 2012. «En el Gobierno siempre se tiene una dosis mayor de pragmatismo» reconoció, asumiendo el limitado peso que ostenta el Ejecutivo de Pedro Sánchez en las Cortes y con el que deberá renunciar a la derogación plena de la norma.

«Sabemos con qué peso parlamentario contamos», por lo que los ajustes se limitarán a «retocar» determinados aspectos en los que puedan alcanzar un consenso social y político, a través del diálogo. 

Así lo expresó Valerio tras la reunión del presidente del Gobierno con los representantes de UGT y CCOO, y los de CEOE y Cepyme.

Los sindicatos vieron en esta respuesta a un Gobierno «reservón», tal y como lo calificó el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ya que entre sus prioridades sigue estando la «necesaria derogación de la reforma laboral», subrayó el responsable de UGT, Pepe Álvarez, que coincidió con Sordo en que eso no significa retroceder, sino «introducir elementos nuevos».

No obstante, Álvarez resaltó no encontrar en las normas laborales de 2010 y 2012 «ningún elemento que haya aportado nada positivo al desarrollo económico y social, y a la estabilidad de los trabajadores de nuestro país».

Por su parte, la patronal aclaró que una cosa es el «mensaje político o ideológico que pueda haber detrás de la derogación, y otra lo que se pueda reformar», por lo que «estamos a la expectativa» declaró Antonio Garamendi, presidente de Cepyme, después de recordar que en nuestro país ha habido 55 reformas laborales y existen más de 7.000 normas que regulan la actividad. «Nosotros siempre estamos a favor de una evolución» remarcó.