La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León sigue con la reconversión del suelo y ahora es el turno de los terrenos clasificados como suelo urbanizable no delimitado que pasa automáticamente a rústico común. La ejecución responde a una segunda fase que el Gobierno autonómico comenzó en 2016 la desclasificación del suelo urbanizable, mientras que el tercer y último plazo previsto tendrá lugar en el año 2022 para los terrenos clasificados como suelo urbanizable delimitado. En la actualidad, Fomento se ha dirigido por carta a los ayuntamientos, instituciones y agentes públicos y afectados por la desclasificación automática de suelo urbanizable no delimitado y cambio a rústico común de aquellas parcelas que hasta el pasado 19 de octubre no hayan sido ordenadas. En el caso de la provincia de Soria, afecta a 2.063 hectáreas de cuatro términos municipales (la capital, Almazán, Valdeavellano de Tera y Covaleda), en las que se hubieran podido construir 134.529 viviendas, una cifra realmente astronómica para una población de 88.571 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así era el optimismo de la burbuja inmobiliaria, cuyo estadillo dejó al descubierto la irrealidad de los planes urbanísticos.
El número de viviendas calculadas es una estimación, teniendo en cuenta que depende de la edificabilidad aprobada en cada parcela en función de cada planeamiento urbanístico. En Castilla y León, según la Consejería, se desclasificarán 210 áreas que suman 27.580 hectáreas, que en conjunto tenían capacidad para edificar un millón de viviendas (36,23 viviendas por hectárea).
Así las cosas, en el caso de Soria capital pasarán a ser suelo rústico cinco ámbitos residenciales con una superficie de 1.884 hectáreas, en los que hace una década estaban previstas como máximo 131.902 viviendas, por lo que, en este caso, la media que resulta es de 70 casas por hectárea. Cabe señalar que los cinco ámbitos residenciales afectados en el término municipal de Soria se localizan, fundamentalmente, en los barrios de Las Casas, Oteruelos, Toledillo y Pedrajas, y otras áreas de menor tamaño en el Norte de la ciudad, en el Sur y el Oeste, y otras parcelas en la zona de Los Royales.
En Almazán pasan de urbanizable no delimitado a rústico común 94,92 hectáreas de tres áreas de uso residencial, en la que se podrían haber edificado 3.439 viviendas (en este caso tomando como referencia la media regional de 36,23 viviendas por hectárea). A estas tres zonas hay que sumar otra de uso industrial de 11,64 hectáreas, que pasan igualmente a suelo rústico; otro ámbito de uso logístico de 22,62 hectáreas; y otro espacio de uso mixto de 38,7 hectáreas.
En el caso de la villa adnamantina, su alcalde, José Antonio de Miguel, recuerda que aunque la desclasificación de la Junta se produce ahora, «hace tiempo que se pasa el recibo de la contribución [IBI] como suelo rústico» y añade que al ser urbanizables no delimitado y no existir planteamiento, el número de viviendas depende de la edificabilidad de cada sector. El PGOU de Almazán fue aprobado en 2007, «en plena expansión urbanística», admite el regidor, que con la crisis quedó al descubierto el sobrante de suelo «por todas partes». En cuanto a las áreas de uso industrial que pasan a ser rústicas, De Miguel resta importancia, teniendo en cuenta que el municipio dispone de 300.000 metros cuadrados «libres y urbanizados».
Cierran el capítulo en la provincia una zona de uso residencial que pasa a rústico común en Valdeavellano de Tera con 5,2 hectáreas (hubieran podido desarrollarse 188 viviendas, con la media de referencia de Castilla y León), y otro área de 5,6 hectáreas de uso industrial que cambian de clasificación en Covaleda.