El objetivo es «reducir el aforamiento político al estricto ejercicio de las funciones del cargo público para que deje de ser un privilegio». Más claro no lo pudo decir la ministra y portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, cuando anunció el acuerdo del Gabinete para el inicio de los trámites para modificar la Constitución en aras a limitar los aforamientos de cargos públicos.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pedido ya al Consejo de Estado, y con carácter previo, un informe con el ánimo de que se dée «calidad jurídica» a la propuesta que deberá llevar al Congreso de los Diputados, y de esta forma facilite el «consenso» entre los distintos grupos políticos que, en estos momentos no están por la labor. De este modo, además, se pide al órgano que preside María Teresa Fernández de la Vega y a su equipo jurídico que indaguen en la manera de «sacar» los casos de corrupción del aforamiento de los políticos.

Ha de ser el Consejo de Estado, cuyo dictamen es «preceptivo», es decir, necesario y obligatorio, aunque no vinculante, el que «acote jurídicamente las cuestiones susceptibles de modificación en la Constitución». Por ahora, son los artículos 71.3 y 102.1 de la Carta Magna que implican la «restricción» de los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Gobierno, ya que todos ellos «deben tener un aforamiento restringido a las funciones de su cargo durante el tiempo del mandato», especificó Celáa.