IU-Equo (Grupo Mixto) presentó una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Diálogo Civil remitido por la Junta a las Cortes al considerar que es “puro postureo” y que la participación de la sociedad es “insuficiente” y no determinante, que acompaña con otras 70 propuestas parciales, verdadero “texto alternativo”, entre las que plantea consultas populares referendarias.

El portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión (IU), argumentó su propuesta de devolución de la ley a través de la enmienda a la totalidad en que “se pervierte” la participación con foros y otros espacios que no son vinculantes ni tienen capacidad decisoria, ni van a aportar “nada”. “Es puro postureo para colgarse la medalla de la participación”. “Es una burla y una mala ley, con un objetivo electoralistas”, calificó.

La propuesta de IU pasa por una participación social en todos los ámbitos, no sólo autonómico sino provincial, local e incluso comarcal; por dar un “sentido más profundo” con la consulta popular -realizada como un referéndum aunque no sea vinculante, conforme dice la ley-; por eliminar el veto en las iniciativas ciudadanas; por recoger los presupuestos participativos en todas las escalas ; por los procesos de participación locales; y por educar y formar en participación.

“¿Qué miedo hay en escuchar a la gente?”, preguntó ante la propuesta de la Junta de que las consultas populares no sean referendarias -sin naturaleza de referéndum- y puso algunos ejemplos, como pedir la opinión a los ciudadanos de salmantinos sobre la mina de uranio de Retortillo, a los de Ávila en relación a la mina de feldespato, a los sorianos sobre las macrogranjas y en el ámbito autonómico la posible reprobación del consejero de Sanidad.

“Se trata de institucionalizar la consulta referendaria”, anotó, para defender que será un ayuntamiento, una diputación y la Junta los que la tendría que organizar y subrayar su valor, aunque no sea vinculante, como recordó que tampoco lo son las resoluciones del Procurador del Común, pero “tiene una legitimidad moral aunque no se pueda forzar una decisión”, según informa Ical.

Estas consultas, conforme recoge en sus enmiendas, se pueden pedir por 10.000 firmas de personas empadronadas en la Comunidad en el caso del ámbito autonómico y de un 10 por ciento en municipios de hasta 5.000 habitantes. El número de firmas sube en función de la población, que en el caso de municpios de más de 100.000 habitantes se fija en 6.150 más el 3 por ciento de los que excedan de 100.000 y hasta un límite máximo de 40.000 firmas.