El Plan de Inspección del Transporte por Carretera de Castilla y León, que entrará en vigor en 2019, reforzará el control sobre el exceso de peso, las plataformas de paquetería y contemplará un programa específico para los servicios de alquiler de vehículos con conductor (VTC).
Así lo recoge el borrador que el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, presentó al Consejo Regional de Transportes, en la primera reunión tras la aprobación de la Ley de Transporte de Castilla y León, que establece por primera vez un marco jurídico legal estable y realista del transporte de viajeros por carretera y sus infraestructuras.
Asimismo, según fuentes de la Junta en una información recogida por Ical, el Plan presta una “gran atención” a las nuevas tecnologías, entre ellas, la utilización de ‘tablets’ en control en carretera, la implantación del procedimiento de inspección por vía telemática y el intercambio de datos entre administraciones. Además, incluye un especial control del transporte realizado por no residentes y de las cooperativas de trabajo asociado.
También, contempla la vigilancia y control selectivo, entre otros, de los servicios de transporte de mercancías peligrosas y del transporte de viajeros, especialmente el de escolares y menores. Todo ello, recordó la Junta, en “estrecha e imprescindible” colaboración con la Guardia Civil.
Nueva ley
Por otra parte, el titular de Fomento insistió en que la nueva ley pone al ciudadano en primer plano al regular, por primera vez, un catálogo de derechos de las personas usuarias, con especial atención a las personas de movilidad reducida, así como su integración en los servicios de transporte público y en las infraestructuras complementarias al transporte.
El texto de la ley incluye las propuestas y demandas del sector, que cuenta con 2.315 empresas, mueve 6.307 vehículos y da empleo a 9.000 personas de forma directa y otras 3.000 de forma indirecta; todos ellos se verán afectados por el futuro vencimiento de las actuales concesiones por normativa europea.
Respecto al transporte regular de uso general (autobús), destacó que reconoce el carácter universal y esencial al transporte público en la Comunidad, garantiza la accesibilidad universal del transporte público donde haya población fija, declara por primera vez este transporte como servicio público esencial de titularidad autonómica y establece por primera vez una serie de derechos exigibles por los usuarios del transporte, y especialmente de las personas con movilidad reducida.
Además, garantiza un futuro a las empresas de la Comunidad al reconocer expresamente la posibilidad de subcontratación en el sistema y también garantiza la estabilidad en el empleo de los trabajadores, con la previsión de la figura de la subrogación.
En cuanto al taxi, posibilita el establecimiento de tarifas con cuantías únicas y predeterminadas y establece y unifica la imagen exterior de los vehículos,
VTC
Otro de los puntos de la reunión se ha centrado en informar sobre el Real Decreto-Ley que modificó la normativa sobre Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de arrendamiento de vehículos sin conductor VTC. Fomento recordó que habilitó de forma unilateral a las comunidades a modificar las condiciones de explotación previstas para dichos vehículos en el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre.
En Castilla y León existen a fecha actual 314 autorizaciones de VTC, sin que quede ninguna pendiente de decisión judicial. Coexisten, a su vez, 2.307 autorizaciones de taxi. La Junta ha detectado que solo operan 117 vehículos con licencia VTC, sin que se realicen tráficos de carácter urbano.