El presidente de la Junta recuperará la lista de necesidades autonómicas, muchas de ellas acordadas con los grupos políticos de la oposición, para acudir el próximo 27 de noviembre a La Moncloa, donde le recibirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además de la financiación de la dependencia, las infraestructuras, la conexión digital, la financiación autonómica, la despoblación, la reforma de la Política Agraria Común (PAC), la transición energética y la política industrial formarán parte de la agenda que Herrera planteará al jefe del Ejecutivo central.

La consejera de Agricultura y portavoz de la Junta, Milagros Marcos, explicó ayer que el presidente, que «estaba deseando» tener fecha para el encuentro, trasladará todos los problemas y preocupaciones de la Comunidad, en los que Castilla y León tiene un «especial interés». Esta agenda de asuntos pendientes ya fue acordada hace casi dos meses con los portavoces parlamentarios, con quienes se reunió el presidente del Gobierno autonómico en su sede del Colegio de la Asunción.

Aunque los encuentros de Herrera con los representantes políticos, incluido el presidente del Partido Popular, fueron por separado, en ellos se mantuvo la unidad de acción y la alianza en los grandes asuntos de Comunidad, como la necesidad de contar con una financiación suficiente para mantener la calidad de la sanidad, educación o dependencia; la aprobación de una estrategia para atajar la despoblación; la defensa del carbón autóctono o que en la negociación de la PAC se conserven los actuales fondos europeos que reciben los agricultores.

Marcos repasó algunos de los asuntos que incluirá la agenda de Herrera como el estado de las infraestructuras viarias, las de almacenamiento de agua y las vinculadas al regadío. También se refirió al programa de conexión digital desde los centros educativos, en que trabajaban Junta y Ministerio.

Otra de las demandas que Herrera planteará a Sánchez será la necesidad de contar con un nuevo modelo de financiación autonómica, no obstante resaltó que debe haber una mejora «inmediata» de la financiación que permita cubrir el coste de los servicios públicos esenciales.