Todos los grupos de la oposición registraron enmiendas a la totalidad y la petición de devolución del proyecto de ley del Diálogo Civil de Castilla y León a la Junta por entender que «no aporta nada» a lo ahora existente, que es «puro postureo» para presumir de participación ante la próxima campaña electoral y que la regulación que hace de las consultas populares no referendarias «resulta excesivo» al ser una encuesta vía internet.

Con estos argumentos los grupos Mixto (IU), Ciudadanos, Podemos y Socialista presentaron ayer, día en que terminaba el plazo -la Mesa rechazó en su última reunión la prórroga pedida por el PSOE- las enmiendas a la totalidad, que, una vez calificadas, se deberán debatir en próximos plenos de la Cámara. El proyecto de ley, enviado el 6 de septiembre por la Junta, retrasa así su tramitación, cuando restan seis sesiones para cerrar la legislatura. A ellas se unen 243 parciales, 70 de IU, 19 de Cs, 76 del PSOE, 73 de Podemos y 3 de UPL.

En rueda de prensa, José Sarrión (IU-Equo) presentó el contenido de su enmienda a la totalidad y de las 70 parciales, que calificó de un «verdadero texto alternativo». «Es puro postureo» y la participación de la sociedad es «insuficiente» y no determinante, calificó.

La propuesta de IU pasa por una participación social en todos los ámbitos, no sólo autonómico sino provincial, local e incluso comarcal; por dar un «sentido más profundo» con la consulta popular -realizada como un referéndum aunque no sea vinculante, conforme dice la ley-; por eliminar el veto en las iniciativas ciudadanas; por recoger los presupuestos participativos en todas las escalas ; por los procesos de participación locales; y por educar y formar en participación.

«¿Qué miedo hay en escuchar a la gente?», preguntó ante la propuesta de la Junta de que las consultas populares no sean referendarias -sin naturaleza de referéndum- y puso algunos ejemplos, como pedir la opinión a los ciudadanos salmantinos sobre la mina de uranio de Retortillo, a los de Ávila en relación a la mina de feldespato, a los sorianos sobre las macrogranjas y en el ámbito autonómico la posible reprobación del consejero de Sanidad, según informa Ical.

«Se trata de institucionalizar la consulta referendaria», anotó, para defender que será un ayuntamiento, una diputación y la Junta los que la tendrían que organizar y subrayar su valor, aunque no sea vinculante, como recordó que tampoco lo son las resoluciones del Procurador del Común, pero «tiene una legitimidad moral aunque no se pueda forzar una decisión».

Estas consultas, conforme recoge en sus enmiendas, se pueden pedir por 10.000 firmas de personas empadronadas en la Comunidad y de un 10 por ciento en municipios de hasta 5.000 habitantes.

En la presentación del proyecto de ley, el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, afirmó que las consultas populares se abren para casos concretos y puso como ejemplo preguntar a las ampas si se deben hacer deberes escolares en casa. Este tipo de consultas las pueden pedir tres personas, una organización o bien la puede convocar la Junta, habrá diez días para la votación telemática.