"El Ayuntamiento de Soria negocia tarde, mal o nunca"

Ana Isabel Pérez
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Para el representante sindical, es una cuestión de voluntad política la puesta en marcha de los procesos de estabilización en las distintas administraciones públicas para poder alcanzar el objetivo marcado a 31 de diciembre de 2024

El Ayuntamiento de Soria negocia tarde, mal o nunca

El Área Pública de Comisiones Obreras (federaciones de Servicios a la Ciudadanía, Enseñanza y Sanidad) emitió un comunicado tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el que consideró que debe servir para «poner fin al fraude y abuso» en la contratación temporal en las administraciones públicas. A esta sentencia y a la situación del sector público soriano se refiere el responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC. OO. en Soria, Daniel García Prieto.

El 31 de diciembre de 2024 la tasa de temporalidad en la administración pública tiene que estar por debajo del 8%. ¿Es factible?    

La ley al respecto es clara y establece un plazo improrrogable del 31 de diciembre de 2024 para resolver los procesos. Es verdad que hay administraciones que están más avanzadas y otras, menos. Consideramos que si hacen un esfuerzo, pueden llegar a esa situación el 31 de diciembre. Si hay voluntad de hacerlo, hay plazo.

¿También en servicios en los que la temporalidad supera el 30%?

En algunos casos, las convocatorias ni siquiera cubren esas plazas de temporalidad para llegar al 8%. CC. OO. denunció la Oferta de Empleo Público que en su momento convocó la Junta de Castilla y León para la reducción de la temporalidad porque éramos conscientes de que había plazas que no estaban incluidas. Y hay ayuntamientos que, directamente, no han sacado procesos de estabilización, aunque tienen trabajadores temporales.

La situación de la plantilla del Ayuntamiento de Soria, en concreto en determinadas áreas, ha sido objeto de titulares en las últimas semanas. ¿Qué valoración hace CC. OO.?

En principio, el problema con el Ayuntamiento de Soria es que negocia tarde, mal o nunca. Se hizo la oferta de empleo público, se sientan las bases para los procesos de estabilización y ahí se queda parado. Va muy atrasado en el procedimiento. Y hay muchos trabajadores que tienen dudas sobre si el Ayuntamiento va a cumplir en este caso. El Ayuntamiento se escuda en que no tiene personal suficiente, que está pendiente de resolver la contratación de un responsable de recursos humanos para estos procesos... pero por el camino los empleados se sienten molestos con el  Consistorio por su gestión.

El Ayuntamiento de Soria tiene un problema con la RPT (Relación de Puestos de Trabajo), no está actualizada con el número de trabajadores que necesita y durante años lo ha solucionado contratando a personal laboral para funciones específicas de funcionarios. Tiene plazas de auxiliares administrativos ocupadas por personal laboral en temporalidad. El  problema con la gestión de personal se arregla negociando una RPT, un convenio colectivo nuevo y ajustando las necesidades que tiene el Ayuntamiento al personal que requiere ahora.

Han pasado diferentes responsables por la Concejalía en los últimos años y no se ha conseguido avanzar...

Ha habido falta de negociación.

¿Tiene constancia de que en otros ayuntamientos de capitales de provincia la situación es parecida al de Soria?

Sí. De forma general, en Castilla y León se va un poco lento con respecto a otras comunidades. Quitando Andalucía, y no todas las capitales de provincia, en el resto de España los procesos de estabilización van lentos.

Por su parte, la Diputación tiene en marcha los procesos de estabilización, aunque aún no estén resueltos. ¿Espera que finalicen este año?

Sí. En la Diputación hubo una negociación bastante buena, el Comité de Empresa participó mucho en la elaboración de las listas, en el análisis de las plazas y mostró interés en solucionar el problema. Al principio iba más rápido y ahora va un poco más lento, pero con respecto al resto de administraciones de Castilla y León está en muy buena posición para finalizar todos los procesos a 31 de diciembre.

Los ayuntamientos de menor tamaño, ¿han atendido a la obligatoriedad de esta estabilización?

Donde no ha habido voluntad política no se ha hecho. Para los ayuntamientos, la estabilización supone la única manera de solucionar ese problema porque no tienen los recursos de una administración mediana o grande para contratar.

La sanidad o la educación asumen altas tasas de temporalidad. ¿Cuál es la realidad en la provincia?

Son federaciones distintas a la de Servicios a la Ciudadanía. En enseñanza, la situación es especialmente grave en Soria. A principios de curso, el porcentaje de temporalidad estaba en torno al 30%, un poco más alta en Secundaria que en maestros. En Sanidad hasta ahora solo ha salido el proceso de médicos... No va a dar tiempo cuando se metan con categorías potentes como enfermería, auxiliares o celadores. La tasa de temporalidad de todas las categorías está en el 20%. Por ejemplo, las TCAE del Mirón de Geriatría son 13 y las 13 temporales. Y hay mucho retraso con las OPE.

¿Y otros departamentos de la Junta de Castilla y León?

Las áreas más afectadas en la temporalidad son Medio Ambiente y la Gerencia de Servicios Sociales. Medio Ambiente tiene modalidades de contrato que no se parecen al resto de consejerías, pero es de las que más abuso de temporalidad tiene. En Agricultura, Fomento, Hacienda... hay más funcionarios interinos más que laborales temporales.

En el caso de la Administración General del Estado, ¿cuál es la situación?

Creo que la mayoría de los trabajadores afectados por la estabilización están en el Ceder (Centro de Desarrollo de Energías Renovables). La Administración General del Estado cada vez tiene menos trabajadores en la provincia. Y sí se hacen convocatorias anuales para cubrir las plazas.

¿Qué valoración hace de la sentencia del TJUE?

Es un pronunciamiento del TJUE por un proceso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que afectaba a dos trabajadores indefinidos no fijos, una  figura que existe desde 2014 por una sentencia del Tribunal Supremo y que establece una diferencia entre un trabajador temporal y uno indefinido. Esos trabajadores que tienen demostrada un abuso en la contratación temporal, según la sentencia, están una situación distinta y tienen que ser los tribunales los que valoren.