El Grupo Socialista de Medinaceli y el PSOE de Soria exigen a Felipe Utrilla el cumplimiento de la sentencia que le inhabilita para el cargo de alcalde por un delito de prevaricación. Una vez que hoy se ha conocido públicamente que su recurso de apelación ha sido desestimado y que el fallo del 21 de marzo de 2022 ha sido ratificado, los socialistas reiteran su petición "por respeto a todos los vecinos y vecinas de Medinaceli".

Los concejales del PSOE consideran que la Audiencia Provincial ya dio la razón a los socialistas que fueron los que alertaron y denunciaron las prácticas de esta supuesta prevaricación, ahora recogida en la sentencia, que realizaba el alcalde Felipe Utrilla y por ello, reclaman ahora que cumpla la sentencia "sin más dilación". El nuevo fallo, además, condena al recurrente, el actual alcalde, a asumir las costas procesales dada la desestimación total de su recurso.

Como se recordará la Audiencia Provincial de Soria dictó condenando a Felipe Utrilla Dupre y a Javier Fernandez Segura como autores de un delito continuado de prevaricación del artículo 404 del Código Penal, a la pena de inhabilitación especial para cargo público de carácter electivo y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años para cada uno de ellos. Ello conlleva la privación del cargo efectivo de alcalde y teniente alcalde electo, respectivamente, que desempeñaban durante la comisión de los hechos y Utrilla en la actualidad, y de los honores que le sean anejos, con incapacidad para obtener el mismo cargo u otros análogos de procedencia electiva en cualquier administración pública, nacional, autonómica o local.

La sentencia fue "muy clara", subrayan los socialistas, y en sus fundamentos de derecho recogía afirmaciones como que "dicho Pleno no se convocó hasta nueve meses después de haber recibido personalmente el citado informe, lo que demuestra un retraso deliberado en la dación de cuenta del informe al resto de los miembros de la Corporación, y el inicio de una obstaculización palmaria". Según la Sala, en este caso han concurrido todos y cada uno de los requisitos exigidos para la apreciación del delito de prevaricación y por ello, concluía que "estimamos que las acciones realizadas por los acusados suponen una vulneración flagrante y grosera de la legalidad vigente en materia de contratación de las administraciones públicas."