En política, en la mayor parte de las ocasiones, lo que parece es. En unos casos de forma más evidente que en otros y la reforma del delito de sedición y su cambio por el desorden público agravado es de los primeros: forma parte del sistema de ayuda mutua entre el Gobierno central y el Govern catalán para asegurar su supervivencia en lo que les resta de legislatura a ambos, que la decisión se toma en este momento no solo porque lo acordaran en la mesa de diálogo para desjudicializar el procés antes de que acabara el año, sino porque socialistas y republicanos catalanes se necesitan para aprobar los presupuestos, y porque al Gobierno le interesa cumplir su compromiso en un tiempo lo más alejado de las próximas elecciones autonómicas y municipales, para diluir el efecto del cambio en el Código Penal.  

Pero resulta una mirada muy corta, circunscribir la reforma del delito de sedición a la mera supervivencia política de Pedro Sánchez, cuando lo que se pretende es seguir la línea de apaciguamiento del problema catalán. Como era de esperar al presidente de la Generalitat, Para Aragonés este paso no es sino una estación de tránsito hacia el desiderátum de la amnistía y el ejercicio del derecho de autodeterminación, ambas cosas imposibles de conseguir. Sánchez afirma con razón que la situación actual del expediente catalán no es ni parecida a la que se vivió en 2017 y en los años previos de efervescencia independentista. Lo que para el presidente catalán es un triunfo es a la vez un éxito y la constatación del fracaso. Porque la apuesta pragmática de ERC de dar un paso atrás y acumular fuerza para dar luego un salto adelante se está volviendo contra sus intereses, con el menor número de partidarios de la independencia en años, con una crisis en el seno del independentismo que llevó a la ruptura del Govern, con Junts en contra de todo lo que no sea un desafío unilateral, y con el PSC como candidato a acabar con la mayoría social y parlamentaria de los partidos independentistas. Al expresidente Carles Puigdemont, seguro beneficiario del cambio del delito de sedición –lo mismo que Oriol Junqueras-el acuerdo le suscita dudas porque no se fía de Sánchez, las mismas críticas que recibe desde el PP.  

Cuestión distinta es si con esta reforma del delito de sedición el Estado queda más o menos desprotegido contra aquellos que tienen por consigna el "lo volveremos a hacer" y no abdican de convocar otro referéndum que no puede ser sino ilegal. El argumento de que con el cambio se adecúa el tipo delictivo al de otros países de Europa y con ello puede favorecer la entrega a España de Carles Puigdemont por las autoridades belgas, -a expensas de lo que decida el TEDH- choca con otros preceptos en esos mismos países que tienen mecanismos de defensa más duros para situaciones de secesión y golpe de Estado blando como la desatada en Cataluña.  

Los barones y los votantes socialistas deben ahora dilucidar, y en su caso, defender si la desaparición del delito de sedición, tal y como se conocía, ha sido una cesión al independentismo irredento e insaciable, con la coda de acentuar el desgaste electoral que indican las encuestas, y esperar a que los ciudadanos valoren positivamente la maniobra jurídico-política que se espera que contribuya a difuminar más el expediente catalán.