El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán, solicitó ayer al juez instructor del caso Tándem que le excluya de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por los supuestos encargos de la eléctrica al comisario jubilado José Manuel Villarejo ante la «inexistencia de conductas penalmente reprochables».
Así se desprende de un escrito que la defensa de Galán presentó el pasado viernes, diez días después de su declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón. Entonces, el alto directivo de Iberdrola se desvinculó de los encargos y afirmó que fue él la persona espiada.
Los abogados de Sánchez-Galán aseguraron que el auto que llevó a su imputación no ofrece descripción fáctica que con claridad, precisión y coherencia permita colegir que ha haya hecho o dejado de hacer algo». Y aseguraron, a su vez, que «no corresponde al juez suplir las deficiencias del relato, añadiendo imaginativamente los datos fácticos necesarios para cumplir el tipo o la participación penal».
En este sentido, su representación dejó claro que «la instrucción penal no está para iniciar un escrutinio destinado a averiguar si, acaso, el investigado pudiera quizá haber cometido algún hecho planteado como una conjetura». «Insistimos: no hay, en el repetido auto descripción alguna, ni extensa, ni breve, ni somera, de comportamiento personal alguno de Sánchez-Galán. Absolutamente ninguna acción u omisión aparece afirmada como cometida o realizada por él», insistieron.
Para incidir en este argumento, sus abogados señalaron, además del auto, al escrito del fiscal asegurando que «no dicen de él absolutamente nada, al punto de que ni siquiera aparece mencionado como interviniendo en los hechos que se relatan como realizados, presuntamente, por otros investigados. Sánchez-Galán no está ni aparece en ningún sitio; no se expresa cuál sea el comportamiento de aquél justificativo de su presencia en el proceso».
«El alguien me ha dicho que le han dicho -resumen de la versión del señor Del Olmo- no supera los estándares mínimos para considerarse principio de prueba apto en orden a investigar penalmente a alguien», criticaron, en alusión al que fuera director de Control de Funciones Corporativas de Iberdrola y al informe que realizó en 2004, donde reflejaría presuntas irregularidades y dejaría constancia de varias facturas, incluida una emitida por CENYT, el grupo empresarial de Villarejo.
En este punto, el ejecutivo de Iberdrola hizo constar que «las anotaciones» de Del Olmo le atribuyen «el conocimiento de una concreta dinámica de facturación considerada irregular por el actuante».
Interrogatorio
Además de la «inconcreción» que llevó a su llamada a sede judicial, su defensa criticó que «el interrogatorio al que fue sometido el presidente de Iberdrola desbordó el ámbito material de los hechos con los que, de manera genérica, se le vinculaba» en el auto del juez instructor, apuntando que García-Castellón «quiso recabar la opinión» de Sánchez-Galán «respecto del contenido de conversaciones mantenidas por los señores Asenjo y Villarejo».
Así, su defensa subrayó que «la existencia de sospechas no justifica una búsqueda, sin más, de posibles hechos que hubiera podido cometer el investigado o en los que hubiera podido intervenir». «La investigación se justifica por el proceso y no justifica ella misma el proceso.