Los empleados públicos de la Junta de Castilla y León recibirán en la nómina de noviembre la cuantía salarial correspondiente al incremento del 1,5 por ciento correspondiente a 2022, según anunció el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien detalló que esta medida supondrá una cuantía de 75 millones de euros para el Ejecutivo regional.
Esta decisión fue adoptada por el Consejo de Gobierno que aprobó este jueves un decreto ley por el que acomete un incremento adicional del 1,5 por ciento de las retribuciones del sector público para 2022, que se aplicará sobre las vigentes a 31 de diciembre pasado, de forma que «se consolidará» un aumento retributivo global máximo para este ejercicio del 3,5 por ciento. Este porcentaje al que se dio luz verde supone un coste de 75 millones de euros, pues también incluye a los empleados de universidades y centros concertados de enseñanza.
A pesar de poder efectuar el pago hasta el 31 de marzo de 2023, la Junta realizará un «esfuerzo económico» en favor de todos los empleados públicos, con lo que ya se materializará esta mejora en la nómina del mes de noviembre de este año. Se abonará como atrasos el incremento correspondiente a los meses de enero a octubre de este año. Estas subidas salariales benefician a casi 90.000 personas de la Administración autonómica, más los de las universidades y los centros concertados.
Materia energética
Asimismo, en consonancia con la regulación del mismo Real Decreto-ley 18/2022 de 18 de octubre, se adapta diversa normativa autonómica en materia energética, como informa Ical.
Este decreto ley se enmarca en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para este año. Así, se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción de consumo de gas natural en aplicación del 'Plan + seguridad de tu energía (SE+)', así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía. En consonancia, resulta necesario trasladar a la normativa autonómica el incremento retributivo del 1,5 por ciento para 2022 en el ámbito del sector público de la Comunidad de Castilla y León.
Por tanto, el Consejo de Gobierno aprobó la regulación que establece el apartado 2 del artículo 23.1 del citado Real Decreto-ley y permite adaptar la regulación autonómica a la nueva normativa.
Asimismo, la Junta señaló que la legislación, las mejoras técnicas y la experiencia adquirida en los últimos meses aconsejan adaptar la normativa autonómica en la materia. Se refiere al Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, el mencionado Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, y al reglamento UE 2022/1369 del Consejo, de 5 de agosto de 2022, en que se plasma el acuerdo del Consejo Extraordinario de ministros de Energía, celebrado el 26 de julio en Bruselas.