Hay amplia coincidencia en el diagnóstico de los problemas del despoblamiento por lo que se refiere a los principales motivos que están en el origen del desequilibrio demográfico. Uno de ellos, tal vez el más visible, es la escasez de iniciativa económica en muchas zonas del territorio. Y es bien cierto; uno compara los índices de desarrollo industrial de los que ha venido a conocerse como la "España vaciada" con los que hay en la "España ocupada" y verá enseguida la envergadura de tal desfase.

Así que no es de extrañar que, en las propuestas de medidas que puedan contribuir a revertir, o, al menos, a paliar, la situación, está siempre la de las ventajas fiscales que estimulen la inversión en zonas despobladas. Es obvio que donde hay actividad económica y empresarial hay oportunidades, empleo, posibilidades de planificar una vida personal o familiar, y muchas cosas más. Y eso es lo que permite permanecer y asentarse; incluso ir o regresar allí. Por eso tiene tanta lógica que se piense que un tratamiento fiscal favorable a la iniciativa económica en esos lugares puede actuar como elemento de atracción de inversiones. Seguramente hace falta algo más, en tecnología y comunicaciones, para que desde allí se acceda a la información, a las redes comerciales, y a los ámbitos de distribución y consumo, con la suficiente agilidad competitiva, pues todo esto hoy es también requisito de viabilidad de una empresa.

Comparto es planteamiento, que debería aplicarse cuanto antes, sin duda, con un orden de prioridades territoriales y sectoriales (qué apoyar y dónde hacerlo), que debería estar convenido al máximo posible. La única cuestión es hacerlo bien. Hace unos años clamábamos desde aquí contra aquellas "vacaciones fiscales" que se aplicaban en territorios (caso del País Vasco y Navarra) que disponían de competencias tributarias, con el fin de atraer inversiones, hasta que los tribunales de la UE consideraron que se trataba de ayudas no lícitas porque suponían una distorsión contraria a la igualdad en el ejercicio de la competencia. Nada que ver entre esas medidas y las que ahora se proponen como fórmula de compensación para territorios despoblados. Pero hay que hacerlo bien, adecuando las ventajas fiscales a los supuestos de ayudas que permite la legislación comunitaria. No hacerlo así terminaría generando más problemas que los que se pretende solucionar.