Una mujer de 99 años e interna en una residencia. Esa fue la primera víctima mortal en la Comunidad de Madrid a consecuencia de la pandemia del coronavirus, hace ya un largo, eterno mes. Desde entonces, las muertes de ancianos han aumentado en estos centros respecto a meses anteriores y uno de cada cuatro han tenido problemas por casos de Covid-19.

Todo ello en medio de la angustia y el sufrimiento de las familias, que no pueden visitar a sus seres queridos desde antes de la declaración del estado de alarma para evitar contagios, ni tampoco despedirse de ellos en caso de deceso tras la suspensión de velatorios y cualquier otro acto fúnebre.

La falta de pruebas hacen imposible saber con certeza la causa de las muertes, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estima que en marzo un total de 3.000 mayores han perdido la vida en residencias -no exclusivamente por el brote coronavirus-, frente a los mil de media que se registran al mes.

Entre 100 y 125 centros de mayores de la región -de un total de 475- han tenido problemas por positivos en el virus (el 26 por ciento), según la dirigente popular.

Con casi 5.000 fallecimientos, la región madrileña sigue liderando la trágica lista de la pandemia en el país y también la de contagios. Según los registros, en lo que va de pandemia, el 44 por ciento de los fallecidos en el mes de marzo correspondería a ancianos, pero es un cálculo aproximado dado la imprecisión de los datos y la falta de confirmación oficial.

Numerosas residencias han pedido auxilio a la Administración ante la falta de materiales de protección, las recurrentes bajas laborales por contagio y las enormes dificultades para encontrar personal de reemplazo. Entre las instalaciones con un mayor número de víctimas mortales -al menos de las que informan, porque la mayoría parece haber optado por no hacerlo por temor a dañar su imagen- están la de Vitalia de Leganés -con 50 muertos, 43 de ellos con síntomas de coronavirus-; la residencia pública de Las Rozas, con 46 fallecidos; y la de la Santísima Virgen y San Celedonio de Madrid, con 30.

La Administración regional ha activado un plan de choque en los centros que atraviesan una situación más crítica y hasta la fecha ha asumido y la dirección de 13 centros. El criterio para esta selección responde a las inspecciones de los profesionales sanitarios, el personal de la Dirección General del Mayor, el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y de los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El funcionario encargado de dirigir las residencias intervenidas por la Comunidad de Madrid llevará un control exhaustivo y diario de la evolución del centro y está autorizado a participar «activamente» en la toma de decisiones, además de que podrá hacer uso de todos sus recursos y personal.

Asimismo, deberán mantener las residencias abiertas, no pudiendo cerrar, reducir o suspender actividades o contratos laborales, salvo que la Consejería de Políticas Sociales determine que su actividad «no es imprescindible».

Investigaciones

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado ha archivado las diligencias de investigación que abrió por la muerte de personas en distintos geriátricos en España y dejó estas pesquisas en manos de las Fiscalías territoriales correspondientes.

Considera que al haber abierto ya diligencias las fiscalías provinciales en los lugares en los que se ha producido el hallazgo de ancianos muertos ha decaído el objeto de las que se abrieron por parte de la Fiscalía General.