El familiar afrontó tranquilo el trámite, porque “estaba seguro de que una de las cuatro personas” exhumadas el fin de semana del 27 de septiembre era su tío. Ya que se encontró entre sus restos un antiguo dedil. El dedil era una especie de funda de cuero que protegía los dedos y que se utilizaba junto a la zoqueta para segar. Y a Gregorio “se lo llevaron cuando estaba segando”.

Desde la Asociación soriana Recuerdo y Dignidad se valora muy positivamente que los desaparecidos-asesinados por la represión connatural al levantamiento militar de 1936 y sus familiares puedan tener acceso a la Justicia. Ya que la legislación actual sobre exhumaciones, y sobre víctimas del franquismo en general, se limita a trámites administrativos sin garantía judiciales en contra de lo que establecen las autoridades de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos. Siendo tratados las decenas de milies de civiles hechos desaparecer bajo custodia como meros restos arqueológicos en lugar de cómo víctimas. La implicación de la Justicia supone que estas personas son tratados como víctimas, algo inusual en el Estado Español. La práctica totalidad de las exhumaciones que se practican en España no tienen repercusión judicial pese a que cada una de ellas se comunica el Juzgado correspondiente.

La toma de muestras biológicas del familiar de Gregorio Valdenebro es la primera de las ordenadas por el juez de Almazán, quien en la providencia citada anteriormente, ordenó también librar exhortos a los Juzgados de Lleida y Palma de Mallorca para la obtención de muestras de ADN de los familiares de Alberto Rodrigo León y Adolfo Morales Ruiz. Recuerdo y Dignidad respondió al requerimiento que se le hizo en la citada providencia enviando las direcciones de los familiares de Silverio Lumbreras para poder contar con sus muestras de cara a la identificación de las personas exhumadas. La asociación soriana también emplazó al juzgado a que solicite a la Sociedad de Ciencias Aranzadi muestras óseas de las otras dos personas encontradas en la segunda fosa común el pasado viernes 27 de septiembre para cotejarlas con las de los familiares y poder así identificar a las cuatro víctimas.

Recogida de muestras a familair de desaparecido en La Riba

A las 8:30 de la mañana del viernes 27 de septiembre comenzaban las tareas de limpieza y acondicionamiento de la zona de trabajo en torno a la fosa común encontrada en julio en La Riba de Escalote. Simultáneamente se inspeccionaba el terreno cercano en búsqueda de más fosas comunes que pudieran aparecer. En torno a las 12:56 horas aparecía una fosa común a escasos 6 metros de la primera. En la fosa descubierta el 24 de julio había dos personas, en la nueva fosa había otras dos. Los huesos estaban bien conservados y aparecieron varios objetos asociados a los mismos como hebillas, botones de nácar, unos gemelos, unas gafas, y restos de ropa y calzado. Todo indicaría, según la investigación llevada a cabo por Recuerdo y Dignidad, que las cuatro personas serían los sorianos Adolfo Morales y Silverio Lumbreras y los berlangueses Gregorio Valdenebro y Alberto Rodrigo. La segunda fosa encontrada albergaba los cuerpos de 2 personas más jóvenes que los que se hallaban en la primera fosa. Esto podría llevar a pensar en la primera fosa se encontraba de los vecinos de Berlanga y en la segunda los sorianos. Aunque no se puede afirmar nada seguro hasta que no salgan los resultados de las pruebas genéticas.

A las 16 horas del sábado 28 comenzó el levantamiento de los cadáveres ante una patrulla de la Guardia Civil enviada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Almazán en la que está abierta la causa por el asesinato de estas cuatro personas. El encargado la custodia de los restos antropólogo forense Francisco Etxeberría. La Sociedad de ciencias Aranzadi procedió al levantamiento y el traslado de los restos a su laboratorio en el país Vasco dónde se procederá la limpieza y el análisis antropológico forense.

La asociación soriana considera importantísima esta presencia y la apertura de esta causa pero no quiere crear falsas expectativas, ya que supone que no tendrá mucho recorrido. Actualmente las causas que se abren en España se cierran al considerar los asesinatos connaturales alzamiento militar de 1936, asesinatos aislados en lugar de contemplarlos, como historiograficamente ya se ha demostrado, dentro de un plan de exterminio de civiles.

Desde las principales organizaciones de derechos humanos y las principales autoridades de Naciones Unidas en la materia, se ha llamado la atención sobre este aspecto señalando que hasta que no se realiza la prueba de ADN estas personas continúan desaparecidas, por lo que no cabe la aplicación de la prescripción, que tampoco se pueden contemplar como crímenes aislados y que se debe modificar la ley de amnistía o su aplicación.

Aun así la ASRD subraya la importancia de esta su tercera ya causa abierta por crímenes contra civiles en la represión dentro de los territorios tomados por los militares rebeldes en 1936, y señala que cada una de las causas ha llegado más lejos que la anterior.

Durante todo el fin de semana familiares de los cuatro desaparecidos asesinados presenciaron el proceso. La familia de Alberto Rodrigo había conocido tan solo tres días antes la noticia de la exhumación y su llegada a la fosa fue especialmente emocionante.

Junto a más de 30 voluntarios de Recuerdo y Dignidad y una decena de miembros de la Sociedad de Ciencias Aranzadi acudieron diversas autoridades como el Subdelegado del Gobierno en Soria o los alcaldes de la Riba de Escalote, Berlanga de Duero o Almazán. También acudieron vecinos de las localidades cercanas, miembros de las Juventudes Socialistas a las que pertenecían Adolfo Morales y Silverio Lumbreras, integrantes de distintas organizaciones sociales y numerosos medios de comunicación.

Desde Recuerdo y Dignidad se señala que estas acciones ayuda a cerrar las heridas que todavía continúan abiertas en las familias de las víctimas y en la propia sociedad.

La búsqueda de estas personas ha sido financiada gracias a la reformulación de la subvención en materia de Memoria Histórica que la Junta de Castilla y León otorgó a la Asociación Recuerdo y Dignidad para tratar de localizar y exhumar la Fosa de los Ilustres.