Los cambios en las ayudas por ERTE afectan a 7.000 empleos

SPC
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Los sindicatos exigen a Mañueco que reconsidere el complemento de los expedientes de regulación de empleo y «tome las riendas» del Diálogo Social

Un empleado de la Bridgestone vuelve al trabajo tras el paro temporal. - Foto: Alberto Rodrigo

La reducción de las ayudas complementarias para los trabajadores afectados por ERTE y para el reinicio de la actividad económica entre las personas autónomas «deja tirados» a casi 1.000 empresas y 7.000 trabajadores del comercio y hostelería, según un informe de la Federación de Comisiones Obreras Servicios de Castilla y León, que denunció que se excluyen a los afectados por expedientes por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, cuando empresa y trabajadores llegaron a un acuerdo teniendo en cuenta la ayuda de 210 euros que ahora se les niega. 
Tanto para CCOO como para UGT, la modificación de las bases de las ayudas a los ERTE, que han generado polémica desde su anuncio la semana pasada al considerar tanto los sindicatos como la patronal que no cumplen con lo pactado en el Diálogo Social, suponen «un torpedo» a esta negociación y piden al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que dé la cara y reconsidere el complemento de los ERTE.
 El secretario regional de CCOO Servicios, Marcos Gutiérrez Benito, se preguntó, en declaraciones recogidas por Ical, si esta es la respuesta a un colectivo que «ha estado al pie del cañón» cubriendo las necesidades básicas de alimentación y productos esenciales de la gente durante pandemia, cuando no pueden presumir de ser los que tienen mejores salarios.
También denunció que las bases dejen fuera de la convocatoria a empresas de más de 250 trabajadores, puesto que pueden tener varios centros de trabajo en diferentes situaciones, lo que «elimina de un plumazo» al diez por ciento de los centros de comercio y hostelería afectados por ERTE.
Por otro lado, CCOO ve incongruente que se pase de 180 a 90 días y se borre la posibilidad de cobrar todo el periodo de ayudas, cuando estos trabajadores están cobrando el 70 por ciento de sus salario, unos 700 euros mensuales, que deberían ver que el «esfuerzo estatal» está acompañado del autonómico, lo que permitiría, además, incentivar la demanda interna, el consumo y la economía.
Por su parte, desde UGT, su secretario autonómico, Faustino Temprano, exigió a Alfonso Fernández Mañueco que tome «las riendas» del Diálogo Social, e indicó que el presidente de la Junta declinó convocar el Pleno del Consejo del Diálogo Social que preside y les remitió a la Permanente, que se reunirá el próximo lunes, bajo la dirección de la consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo. Sin embargo, consideró que el jefe del Ejecutivo autonómico debe ser el que intervenga, debido a que a su juicio no es que exista un «problema» en la aplicación de los acuerdos con una consejería, sino lo que está pasando con el «conjunto» del Gobierno.
 Temprano, que no quiso dar más detalles, se remitió a una comparecencia conjunta de UGT y CCOO, que han acordado su posición con Cecale, para explicar qué medidas van a adoptar respecto al Diálogo Social.
Precisamente ayer, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, afirmó durante el Consejo de Gobierno que «en breve» habrá una resolución para que las personas que más lo necesitan puedan percibir la ayuda complementaria de 210 euros mensuales de los expedientes de regulación temporal de empleo.