El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, denunció ayer que el cambio de estatus del lobo aprobado el pasado año por el Gobierno ha destrozado la situación de equilibrio existente en la convivencia entre lobos y ganadería, fruto de la gestión «sensata, técnica y administrativa» de las comunidades autónomas, a la vez que advirtió que la ganadería extensiva ya se está abandonado como consecuencia de la declaración del lobo como especie protegida.
Suárez-Quiñones, que mantuvo ayer varios encuentros en el Parlamento Europeo, lamentó la situación de la ganadería extensiva en el noroeste de España tras el cambio de estatus del lobo realizado por el Gobierno de España por «razones ideológicas y sin justificación, y más allá de la normativa europea, que permite que al norte del río Duero el lobo pueda ser gestionado por las comunidades».
Tras reunirse con varios dirigentes políticos, el consejero indicó que los daños provocados por lobos están siendo inasumibles por los ganaderos, lo cual pone en peligro un modo de vida en el medio rural y, sobre todo, la biodiversidad, «dado que la ganadería es un elemento más de la biodiversidad del mundo rural que colabora de forma eficaz contra los incendios forestales. Se está caminando en sentido contrario a lo que es sensato y lógico».
A pesar de que el estado de conservación del lobo era el adecuado en la zona noroeste del país, dado que su población ha ido claramente en ascenso y se ha mantenido una ganadería con «daños razonables compensados», según expresó Suárez-Quiñones, el Gobierno «ha desposeído de su capacidad de gestión a las comunidades al declararlo especie protegida en todo el territorio nacional».
Datos erróneos
Igualmente, el consejero lamentó que el Gobierno haya mandado a la Comisión Europea un informe sobre el estado del lobo en el periodo 2012-2018, basado en datos erróneos, en el que señala un estado de conservación desfavorable. «Estamos ante un error técnico, dado que la realidad es justo la contraria. Nosotros aportaremos a la Comisión Europea los datos reales que manejamos las comunidades», sentenció.
«Nuestro objetivo es que Europa busque el consenso, ya que sabemos que países como Austria, Croacia, Letonia, Hungría, Finlandia o Rumanía defienden nuestra posición, algo que no hace el Gobierno de España», afirmó.
Además, durante las reuniones con representantes europeos, Quiñones comprobó que España «conduce en sentido contrario al de la UE». En este sentido, explicó que ha recibido el apoyo del portugués Álvaro Amaro, presidente del Intergrupo sobre biodiversidad, caza y mundo rural del Europarlamento.
Al mismo tiempo, mostró su satisfacción por la propuesta de resolución preparada por el Grupo Popular Europeo y que podría debatirse en el próximo pleno, en la que se pone de manifiesto la necesidad de reconocer que hay un problema de convivencia entre el lobo y la ganadería extensiva y se plantea la búsqueda de soluciones.
Finalmente, Suárez-Quiñones mantuvo un encuentro con la eurodiputada Dolors Monserrat, al que siguió una reunión en la que también participaron los consejeros de Medio Ambiente de Galicia, Asturias y Cantabria de forma telemática para explicar a europarlamentarios y otros grupos la posición conjunta de las cuatro autonomías con respecto a la conservación del lobo.