La cobertura del Ingreso Mínimo Vital, puesto en marcha hace dos años de manera urgente por la crisis social derivada de la pandemia, alcanzó el pasado año en Castilla y León a un 11,33 por ciento de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en la Comunidad. Así, 36.193 personas fueron beneficiarias de este mecanismo, entre las 319.341 cuyos ingresos se sitúan por debajo del umbral de la pobreza, lo que supone dos puntos más que los beneficiarios registrados en el conjunto del país, donde la ratio se situó en el 9,35 por ciento, con 824.441 beneficiarios entre los 8,8 millones de personas en esa situación. 

De acuerdo con un comunicado de la Asociación Estatal de Directores Gerentes en Servicios Sociales, recogido por Ical, algunos de los requisitos exigidos y la complejidad de la gestión del IMV han hecho que el dato de beneficiarios se sitúe "muy lejos de las previsiones del Gobierno en mayo de 2020", cuando preveía llegar al triple de personas. 

El pasado año, en plena crisis social del coronavirus, el Ministerio no ejecutó un tercio del presupuesto destinado a evitar el sufrimiento de las familias más vulnerables. La burocracia y los exigentes requisitos hacen que se denieguen tres de cada cuatro solicitudes. Sólo 366.805 familias accedieron al IMV, muy lejos de las 850.000 prometidas por el gobierno.

La cobertura del Ingreso Mínimo Vital continúa siendo desigual en el territorio nacional, hay CCAA que únicamente tienen una cobertura menor al 6 por ciento, como Cataluña (5,6 por ciento), Baleares (5,7 por ciento) y otras que llegan a una cobertura del 24 por ciento, como es el caso de Navarra, comunidad que ha realizado la pasarela desde su sistema de Rentas Mínimas. Esta cobertura sufre unas variaciones menores que las que sufría con el sistema de Rentas Mínimas, si en el Ingreso Mínimo Vital las coberturas tienen una horquilla de 19 puntos entre autonomías con menores coberturas que rondan el 5 por ciento y las de mayor cobertura que alcanzan el 24 por ciento.

La prestación media del IMV en 2021 fue en Castilla y León de 2.565 euros, por encima de los 2.335 euros registrados en el conjunto del país, mientras que la prestación media de la renta mínima en 2020 se situaba en 1.986 en la Comunidad U(2.476 en el conjunto del Estado). 

Mientras en 2021 el IMV dejó en Castilla y León 92,84 millones de euros, la renta mínima el año precedente se situó en 52,7 millones, lo cual supuso un incremento del 176 por ciento, muy por encima de la subida del 98 por ciento contemplada en la media nacional. 

Así, si la renta mínima daba cobertura al 8,31 por ciento de la población bajo el umbral de la pobreza en Castilla y León en 2020, el IMV incrementa esa ratio hasta el 11,33 por ciento, al llegar a un 36 por ciento más de beneficiarios.