El que prometía ser el «proyecto estrella» de la Diputación esta legislatura, el Aeroparque Tecnológico Industrial (ATI) en el aeródromo de Garray, se tambalea. «Avanza a un ritmo más lento de lo deseado, pero ahora mismo las cosas no dependen de nosotros», reconoce el coordinador del proyecto, el diputado José Antonio de Miguel, quien mira a la Junta para justificar la demora ya que el avance y desarrollo del ATI depende en estos momentos de la ampliación de la pista de aterrizaje, y es Somacyl (la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente) quien tiene encomendada esta obra.
El ATIse lentifica y ese retraso tiene ya sus consecuencias: «Se han perdido y se están perdiendo oportunidades», admite Carlos Escobar, presidente de Layônair, la empresa que en 2020 presentó un plan director para el desarrollo del ATI y firmó un contrato con la Diputación dotado con 250.000 euros para la captación de empresas. El compromiso era atraer al menos dos empresas y 35 empleos en dos años, y alcanzar las cuatro empresas y 60 empleos al finalizar el plan (en cuatro años).
Dos años después de aquel anuncio, ni hay empresas nuevas ni se esperan a corto plazo y, de hecho, algunas de las que había se han marchado. Es el caso de la escuela de pilotos FlyBy, la Escuela Internacional de Vuelo Acrobático, y la empresa para el servicio de asistencia y mantenimiento, reparación y puesta a punto (MROs) para dar servicio a los clientes de Layônair. Y «sin excluir aquellas que, con claras intenciones de instalarse, ya no vendrán, bien porque las circunstancias las han obligado a instalarse en otros aeropuertos o por la duda generada sobre la ampliación de la pista y el desarrollo del ATI», añade Escobar.
Desde Layônair reconocen que «en estos momentos» el ATIy su plan director «se encuentra paralizado» porque «no es posible ofrecer las instalaciones en el aeródromo de Garray para que empresas aeronáuticas o aeronaves comerciales o militares superiores a los C-130 se instalen en él sin las infraestructuras necesarias del aeroparque, dado el coste económico que supone para las empresas y, más aún, si se desconoce el estado en el que se encuentra el proyecto y la ampliación de la pista, cuestión fundamental», justifica el CEOde la compañía. De hecho, las propias oficinas que Layônair construyó en Garray (y que se presentaron oficialmente en septiembre de 2020) «se encuentran cerradas y el personal fue despedido, a la espera de los acontecimientos futuros en el desarrollo del ATI».
Hay un bloqueo evidente y todas las partes coinciden en cuál es el motivo: «La ampliación de la pista y las infraestructuras necesarias están demorando mucho el proyecto», apunta Escobar, quien no obstante advierte de que «solo» dispone de la información que le trasladó la Diputación en una reunión en febrero, celebrada a «solicitud» de ellos mismos. «Sin la prolongación de la pista, poco podemos avanzar porque el proyecto está supeditado a que puedan aparcar aviones más grandes», asume por su parte De Miguel.
por qué se demora. La Junta, a través de Somacyl, es quien tiene la llave para desbloquear el proyecto. Cuenta con partida presupuestaria desde diciembre de 2020, cuando el Consejo de Gobierno autorizó a Medio Ambiente la concesión de cuatro millones para alargar la pista, requisito para habilitar el ATI. «Parece ser que había que subsanar unas cuantas deficiencias que había en el proyecto ambiental. Somacyl está en ello, subsanándolas para volver a enviar todo el proyecto a AESA (la Agencia Estatal de Seguridad Aérea)», que es quien debe dar los permisos, explica De Miguel, quien asume que este proceso está costando «más de lo previsto» porque «ha habido que encargar diferentes estudios que faltaban en el primer documento que se presentó». Asegura que desde la Diputación tienen conversaciones con la Junta «todas las semanas» para tratar de agilizar este trámite, pero «la Junta tiene otros procesos, los técnicos son los que son... y al final se va el tiempo». El trámite ambiental es clave para marcar el inicio de las obras pero, no obstante, queda pendiente de resolver también la disposición de los terrenos para la ampliación de la pista, un proceso que corresponde a la Diputación. Al respecto, De Miguel reconoce que se ha logrado negociar con el grueso de los propietarios (cerca de una veintena), pero quedan dos (que suman unos 6.000 metros cuadrados), con los que no ha sido posible llegar a acuerdo, por lo que, «casi con seguridad habrá que ir a un proceso de expropiación». Esto, no obstante, «no va a retrasar el proceso», garantiza el coordinador del proyecto ya que, «aunque el proceso [de expropiación] no esté finiquitado, se pueden ocupar los terrenos iniciado el expediente», máxime cuando la intención de la Diputación es «incluir la obra en el Plan Provincial de Obras para asegurar así la utilidad pública». Quedará después aún la ampliación de la plataforma de aparcamiento y de combustible, si bien De Miguel asegura que eso «será inmediato».