Las disparadas tarifas de la energía están ahogando tanto a las familias como a las empresas con costes en máximos históricos difíciles de asumir en un escenario donde la inflación ha provocado el encarecimiento de la mayor parte de los productos y materias primas.
El Gobierno trata de buscar soluciones sin tocar los impuestos como le indican desde los partidos de la oposición y el camino que ha elegido es negociar con las eléctricas, la patronal y los sindicatos en el marco de consensuar un Plan de Contingencia que alivie la difícil situación que vive el país y que se espera que se agrave aún más en los próximos trimestres.
En este contexto, Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se reunió ayer con representantes de UGT, CCOO, CEOE y Cepyme, así como unas horas antes con el presidente de Endesa, José Bogas.
Asimismo, la ministra destacó el trabajo de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas para contribuir a la elaboración del plan de contingencia y las reformas que el Ejecutivo debe remitir a finales de este mes a la Comisión Europea.
Estos encuentros forman parte de la ronda de conversaciones de la vicepresidenta tercera con los principales agentes sectoriales, industriales, sociales, políticos y de la sociedad civil para analizar la situación y recabar propuestas que contribuyan a que España reduzca su consumo de gas, de acuerdo con el compromiso adquirido por el Ejecutivo en el marco europeo.
Dentro de la ronda de contactos, la política mantuvo el pasado lunes una reunión con la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, integrada por grandes organizaciones empresariales de distintos sectores, tras la cita del pasado viernes con la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), y la Asociación Española para la Promoción de la Cogeneración (Cogen).
A lo largo de la última semana, la vicepresidenta tercera ha conocido las opiniones de diferentes actores del sector, como los presidentes de Naturgy, Francisco Reynés; de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y de Redeia, Beatriz Corredor; así como con el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, y de representantes de las patronales eléctrica (Aelec) y gasista (Sedigas).
El decreto recoge el primer paquete de medidas de ahorro energético previstas para cumplir con la reducción voluntaria del consumo de gas, ante el riesgo de un corte de suministro por parte de Rusia, así como ayudas para el fomento del transporte público desde el 1 de septiembre hasta final de año.
Esta iniciativa, que se completará con el diseño del Plan de Contingencia, limita las temperaturas de calefacción y refrigeración a 19 y 27 grados centígrados respectivamente en inmuebles de las administraciones públicas, establecimientos comerciales como grandes almacenes o centros comerciales, espacios culturales o infraestructuras de transporte como estaciones o aeropuertos.
Asimismo, obliga a apagar las luces de escaparates y edificios públicos desocupados a partir de las 22,00 horas y exige que antes del 30 de septiembre dispongan de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente.
Sanciones
Los espacios comerciales, edificios públicos, espacios culturales y hoteles que incumplan el plan de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno afrontarán multas de hasta 60.000 euros por infracciones leves, de hasta seis millones de euros por las graves y de hasta 100 millones por las muy graves.