La situación de la provincia de Soria, y de otras en sus mismas condiciones, es muy compleja y va más allá de la resolución del déficit en las infraestructuras. Uno de los problemas más recurrentes es la falta de profesionales y de mano de obra cualificada que, en las circunstancias actuales de una larga y terrible pandemia, y una profunda crisis económica, se complican aún más si cabe.  El círculo vicioso de la despoblación inició en su día una espiral de desmantelamiento progresivo de los servicios en el medio rural. Desde hace ya algunos años este círculo vicioso ha ido engullendo territorios cada vez más amplios y afectando a municipios más grandes. En el caso de Soria, implica ya a toda la provincia, incluida su capital.

No es nueva la dificultad para encontrar profesionales en distintos sectores, tanto del ámbito público como privado. En la universidad se lleva varias décadas arrastrando este problema. La razón principal es que Soria no es un destino deseado, incluso con contratos de adecuada dotación económica. Factores personales como la falta de promoción, limitaciones en el entorno de trabajo o la falta de algunos servicios, hacen que Soria no resulte un destino atractivo, sobre todo en profesiones con bajo nivel de desempleo. Pero la mentalidad que se está imponiendo en nuestra sociedad, de búsqueda de la promoción y el beneficio personal por encima del prestigio de las instituciones, tampoco ayuda. Con esta nueva mentalidad, Soria pierde porque no puede competir con ciudades más grandes y dinámicas, y no digamos con un Madrid o una Barcelona. Quizá los casos más relevantes los vemos en la sanidad y la educación. La competencia internacional por la mano de obra especializada en el ámbito sanitario, unido a la competencia dentro del propio estado, extreman la dificultad para encontrar profesionales. La falta de médicos en el medio rural es especialmente sangrante. Pero también la falta de especialistas en la capital y algunas cabeceras de comarca.

Más allá de las circunstancias coyunturales de la pandemia, se trata de un problema estructural en esta provincia, cuyas consecuencias son enormes. Las perspectivas a medio plazo son incluso dramáticas, si tenemos en cuenta la creciente salida de profesionales por el envejecimiento de las plantillas y la necesidad de reemplazo de las mismas. En pocos años se puede plantear un conflicto de intereses entre dos derechos: el de los territorios a tener unos servicios dignos, y el de la libertad de los profesionales a elegir su destino. Como romper esta contradicción es uno de los retos fundamentales que tiene la sanidad en esta región y que implica también a la planificación que debe hacerse desde el estado. Se habla de otorgar distintos incentivos -económicos, mejor trato en los traslados, flexibilidad de horarios, etc.-, pero puede llegar un momento en que no sean suficientes. Algunos países que tienen también territorios con dificultades especiales para la llegada de profesionales sanitarios han planteado soluciones, que van en la línea, por ejemplo, de hacer una medicatura rural obligatoria, con algunos incentivos, antes de ejercer. También se habla de la asistencia online, que tiene sus limitaciones. En nuestro actual sistema, no sé hasta que punto es justo que el estado forme especialistas sanitarios, que después optan por la sanidad privada en una gran ciudad, mientras quedan sin atender determinados espacios, que acaban privados de unos servicios esenciales. 

La situación es grave y precisa de una respuesta urgente de las instituciones implicadas, conscientes de que sin servicios básicos no puede haber desarrollo, ni recuperación de la población.