Un año catastrófico para los concesionarios se ha convertido en un buen año para el Ministerio de Hacienda. Los anuncios y contraanuncios delGobierno de España sobre la prohibición de vender vehículos de combustión en nuestro país se han dejado notar en las cuentas de los vendedores de coches, que han visto como entre 2018 y 2019 el número de vehículos matriculados en Castilla y León se hundía casi un diez por ciento. O lo que es lo mismo, 3.632 coches menos, según los datos que maneja la Agencia Tributaria, que cifra en 39.078 los coches que durante el pasado curso fueron matriculados en la Comunidad. Sin embargo, estos números rojos no se han traducido en menores ingresos tributarios para Hacienda, cuya recaudación derivada del Impuesto de Matriculación en Castilla y León anotó un repunte superior al diez por ciento, con casi dos millones de euros más. En total, fueron 20,5 millones los que las arcas del Estado recibieron de la matriculación de vehículos en 2019. Prácticamente el doble que hace un lustro, cuando Hacienda recaudó 10,9 millones por la matriculación de 36.000 vehículos.
Todo esto en medio de un progresivo hundimiento de los coches diésel, que el año pasado vieron mermar su matriculación en casi un 20 por ciento, hasta las 14.335. Tres mil vehículos menos que en 2018 y una brecha de 10.000 unidades respecto a los de gasolina, que también descendieron sus ventas un 2,5 por ciento, hasta los 24.743 coches. Sin embargo, estos malos resultados no han tenido impacto negativo en las cuentas delMinisterio de Hacienda, toda vez que las recaudaciones tributarias de ambos combustibles se ha comportado de forma radicalmente opuesta.
En el caso del gasoil, el descenso del 20 por ciento en la matriculación apenas ha supuesto una merma del 4 por ciento en los ingresos tributarios; mientras que en el caso de la gasolina, el ligero descenso de vehículos se ha traducido en un repunte del 21,5% de la recaudación. Más acusado fue el desfase a nivel estatal, donde la matriculación de 60.000 coches menos reportó a Hacienda 102 millones de euros más que en 2018.
Menos ventas pero más recaudación, una complicada realidad numérica en la que han influido diferentes factores. Por una parte, las incertidumbres generadas sobre el futuro del diésel y la correspondiente subida tributaria a estos, ha generado una ‘espantada’ de clientes hacia coches propulsados por gasolina –cuyo gravamen varía desde el 4,75% del importe de adquisición hasta el 14,75% en función de las emisiones de CO2–, lo que se suele traducir en mayores mordiscos de Hacienda.
Por otra parte, el tirón de los denominados como SUV en el mercado –el pasado año tres de los cinco coches más vendidos en España fueron de esta categoría– también ha elevado la factura, toda vez que su mayor peso implica mayor gasto en combustible y emisiones contaminantes.Por último, la entrada en vigor de la WLTP, una nueva normativa de homologación mucho más realista y estricta que ha elevado el número de vehículos que deben pagar el Impuesto de Matriculación.
Eliminar el impuesto
Un gravamen sobre el que se muestra contrario la patronal de los fabricantes de automóviles ANFAC, que reclama «una nueva política de fiscalidad» con la eliminación del impuesto de matriculación de vehículos, y que se trate «de verdad la fiscalidad, que es antigua y no atiende ni a las peticiones de los ayuntamientos ni a las del sector», según lamenta el vicepresidente ejecutivo de ANFAC, Mario Armero.