La batalla contra las macrogranjas está adquiriendo un carácter simbólico de tono épico. En las últimas horas se ha hablado mucho de dos enclaves susceptibles de ser acometidos por tan aromáticas instalaciones: San Andrés del Arroyo, en Palencia, y el castillo de Gormaz. Dos símbolos a los que sumar un tercero, el vino de la Ribera, donde una Plataforma Empresarial lleva tiempo combatiendo un proyecto en la Aguilera.
La Fundación Santa María la Real, que tiene una reputación académica impoluta en lo suyo, el patrimonio, ha emitido un informe de doscientas páginas en el que impugna los proyectos de cochinos en la Ojeda. Sostiene ni más ni menos que «echaría por tierra el trabajo realizado para consolidar el patrimonio natural y cultural como motores de desarrollo de la comarca». Más allá de las disputas sectarias en las que cada cual defiende sus intereses, la posición de la Fundación debe ser atendida con la contundencia con la que se escucha la sabiduría genuina.
La de Gormaz es una batalla semejante: quienes subieran a la fortaleza, emblema medieval castellano, otearían una piara de 4.000 ejemplares que, si en su día podrían haber espantado a los moros de Almanzor, ahora abocaría a los turistas que por allí se acercaran a la vista de un paisaje destrozado y un olor de no contar. Algo parecido a lo que ocurriría con el enoturismo en la Aguilera, estandarte de modernidad bajo el marchamo de Ribera de Duero, pero embadurnado por tan tosca actividad industrial.
Se puede estar a favor del progreso económico, claro, y éste pasa por la explotación intensiva, profesional y con inversiones de recursos como el vino o el románico. Se pueden ubicar las macrogranjas en lugares no lesivos y alejados de focos de interés cultural. Pero quienes tienen que decidir no deben rehuir informes como en el de la Fundación y otros que marcan la pauta de una economía sostenible y moderna.