La llegada de cuatro magistrados al Constitucional supone el inicio de una etapa marcada por la agenda social que tendrá que resolver el Tribunal con asuntos tan polémicos como el aborto, la eutanasia, la infancia y la Ley Celaá, que más allá de la repercusión política afectan de lleno a la ciudadanía.
Concepción Espejel y Enrique Arnaldo Alcubilla, exvocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta el PP; Inmaculada Montalbán, promovida por el PSOE, y Ramón Sáez Valcárcel, por IU, serán los nuevos magistrados del TC en virtud del acuerdo alcanzado por socialistas y populares. Todos ellos perfiles marcadamente políticos que entrarán a resolver los temas pendientes en el Tribunal de garantías, algunos con una década en el cajón como el recurso contra el aborto y otros más recientes como la eutanasia, la infancia y la Ley Celaá.
Lo que no parece que vayan a resolver será el recurso contra el segundo estado de alarma, incluido en el Pleno que arranca mañana y que el Constitucional quiere liquidar con su composición actual porque entiende que la deliberación ya ha empezado y no quiere dilatarlo.
La agenda social
A la espera de que los socialistas rematen un cambio de mayorías cuando se renueve otro tercio de magistrados en junio, lo cierto es que hasta entonces una mayoría conservadora reforzada por los perfiles duros de Espejel y Arnaldo someterá a revisión algunos de los principales proyectos del Gobierno de coalición.
Es más, en algunos casos serán los magistrados entrantes los que serán ponentes de algunos de los asuntos más calientes en el Tribunal dado que, acorde a la normativa, las ponencias de aquellos que salen de la institución deben ser asumidas por los que entran.
Y llegado este punto todos miran al asunto más delicado, el recurso del PP contra la Ley del Aborto cuya ponencia deberá adjudicar el futuro presidente a uno de los cuatro magistrados entrantes dado que el ponente Andrés Ollero abandona el organismo.
Fuentes jurídicas explican que la intención del presidente saliente, Juan José González Rivas, era abordar esta cuestión antes de que terminara el año más bien por «una inesperada preocupación». Ello se debe a la querella presentada ante el Supremo por la asociación Abogados Cristianos contra el TC por el retraso en resolver el recurso presentado hace 10 años y a la demanda de un grupo de 20 diputados y exdiputados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el organismo por «retrasar injustificadamente» su pronunciamiento.
Además del aborto, la nueva etapa que se abre en el Constitucional tendrá un marcado componente social, con asuntos como la Ley de Eutanasia, con el recurso del PP que ha recaído en el progresista Cándido Conde Pumpido y el de Vox, que será adjudicado a uno de los magistrados entrantes pues la ponente era la vicepresidenta saliente Encarnación Roca. También recaerá en alguno de los nuevos el recurso de Vox contra la Ley de la Infancia. La agenda social la completan los recursos con la Ley de Educación, en manos de dos magistrados del bloque conservador y que, debería resolverse como tarde el próximo año.
Otegi y el procès
Ahora bien, la acción del Gobierno será escrutada en otros asuntos como la convalidación del decreto de fondos europeos, el real decreto ley de protección de los consumidores vulnerables, que, en opinión del PP legaliza la okupación de viviendas, y la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones.
En cuanto a cuestiones penales, el Tribunal tiene sobre la mesa el recurso de Arnaldo Otegi y los demás condenados por el caso Bateragune contra la sentencia del Supremo que ordenó repetir el juicio después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anulara sus condenas. Y, además, prevé culminar los últimos recursos pendientes de los condenados por el procès, estos son los del exvicepresidente del Govern y líder de ERC Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, quienes esperan el fallo -previsiblemente en contra de sus intereses- para ir a Europa.
También esperan la decisión del Tribunal los diputados y senadores de la actual legislatura cuyas fórmulas de acatamiento fueron recurridas por PP y Vox.