ARAG-ASAJA ha pedido a la Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja que, de la misma forma que ya han hecho otras comunidades autónomas, solicite al Ministerio de Agricultura retrasar la obligatoriedad del cuaderno de campo digital «hasta que se sienten las bases para poder preparar al sector para este cambio». Y más teniendo en cuenta, además, que, según información del COPA-COGECA, España parece ser es el único país de la Unión Europea que ha decidido implantarlo, aseguran desde ARAG.
Por su parte, la organización en Castilla y León ha hecho lo mismo y para ello ha remitido esta semana una carta al consejero de Agricultura del Gobierno de esta comunidad en la que considera «materialmente imposible» la adaptación del sector a estas nuevas obligaciones digitales, con cambios de tanta envergadura, en tan sólo los dos meses de verano, julio y agosto (el 1 de julio comienzan a funcionar el Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, así como el Registro autonómico de explotaciones agrícolas, de los que dependerá el cuaderno).
«El sector no se puede digitalizar a golpe de decreto desde los despachos, hace falta un período de adaptación para que los agricultores y ganaderos conozcan todas y cada una de sus innumerables obligaciones administrativas y los plazos en que deben cumplirlas y comunicarlas», apunta la organización. Desde La Rioja, en la misma línea, sus compañeros apuntan que los agricultores y ganaderos no están preparados para que se les «digitalice a golpe de decreto»" puesto que carecen de la formación y cualificación necesarias para cumplir con esta obligación.
Cabe recordar que el Ministerio de Agricultura exigirá que, a partir del 1 de septiembre de 2023, todas las explotaciones que superen la superficie de 30 hectáreas de cultivos herbáceos, 10 hectáreas de cultivos leñosos o 5 hectáreas de regadío deberán cumplimentar los tratamientos realizados de forma mensual en un cuaderno de explotación digital que, en teoría, facilitarán las administraciones. Es decir, deberán registrar cada mes los datos de cultivos y producciones en cada parcela, así como los registros de empleo de fertilizantes y fitosanitarios en cada explotación, entre otras cuestiones.
Desde la organización riojana resaltan que, además, «llega en el peor momento posible, pues no hay que olvidar que la nueva obligación representará en cualquier caso un nuevo coste importante que añadir al incremento de costes de producción registrados en los dos últimos años, por lo que puede suponer un motivo para agravar más la merma de rentabilidad de las explotaciones». Abunda en ello ASAJA Castilla y León, que se queja de que «las entidades colaboradoras que les damos soporte en estos trámites con la administración necesitamos tiempo para disponer de los medios humanos y materiales requeridos. Todo ello, sin olvidar el sobrecoste económico que supondrá su implementación en las explotaciones».
Amenaza de «colapso».
En su carta al consejero, la organización castellanoleonesa expresa su «tremenda preocupación» tras el inicio y puesta en marcha del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 2023-2027 de España. Denuncian que «la maraña normativa publicada en los últimos meses -a destacar la legislación nacional con una ley y múltiples reales decretos que regulan exhaustivamente aspectos ambientales, agronómicos o económicos- ha sumido a los agricultores y ganaderos en el desconcierto. Pese al apoyo y seguimiento permanente de los equipos técnicos de las organizaciones agrarias, que llevan meses informando y asesorando a los productores, ni la propia administración nacional ni regional puede aclarar con nitidez muchas de las dudas que se plantean al realizar las gestiones burocráticas y administrativas que se les han impuesto a los agricultores y ganaderos de Castilla y León».
ASAJA lamenta que, «como ya advertimos, en muchas de las normas nacionales se superan las exigencias que llegan desde la Unión Europea; España ha ido más allá y ahora vemos las dificultades de su implementación en las explotaciones. El daño está hecho y los parches temporales poco solucionan el problema», critica la organización. Todo ello «está suponiendo una seria amenaza de colapso en el sector agroganadero, que está entre la espada y la pared, obligado a cumplir una normativa mastodóntica que ni la propia administración entiende», apunta ASAJA. Transcurridas tres semanas de tramitación PAC, «vemos muy difícil terminar en el plazo previsto inicialmente, el 31 de mayo».