El Procurador del Común sugirió hoy un cambio normativo en la renta garantizada de ciudadanía, de manera que contemple “una excepción” a la edad mínima establecida de 25 años en el caso de ciudadanos extranjeros menores de esa edad que procedan de países en conflicto armado, cuando su estancia en Castilla y León se encuentre “justificada por razones humanitarias” y no tengan derecho a ninguna otra prestación pública para satisfacer sus necesidades básicas, informa Ical.

Así lo propuso Tomás Quintana durante la sesión del Pleno de las Cortes celebrada este martes para dar a conocer el informe anual correspondiente al año 2019. En este informe, y en relación a la gestión de los expedientes relativos a la renta garantizada de ciudadanía, destinada a personas con dificultades para cubrir sus necesidades básicas, insistió en la necesidad de “agilizar” su tramitación y cumplir con los plazos legalmente establecidos al efecto ya que las quejan han puesto en evidencia que “persisten algunas demoras” en la resolución de los expedientes aunque “en mucha menor medida que en años anteriores”, resaltó.